Marlaskas förtroende för González och DAO tvingar UCO att undersöka hans överordnade medan de fortfarande är aktiva

<p>La imputación de la directora general de la <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/guardia-civil.html" title="Guardia Civil" target="_blank">Guardia Civil</a>, <a href="https://www.20minutos.es/tags/autores/mercedes-gonzalez-1.html" title="Mercedes González">Mercedes González</a>, y del director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, no ha hecho que el ministro del Interior, <a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/fernando-grande-marlaska.html" title="Fernando Grande-Marlaska">Fernando Grande-Marlaska</a>, decida cesarlos. Es más, <b>mantiene su plena confianza en ellos y así lo transmiten desde el Gobierno</b>. Por tanto, la UCO —que es la unidad de la policía judicial encargada del caso <a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/leire-diez.html" title="Leire Díez">Leire Díez</a>— deberá investigarles mientras siguen siendo sus máximos superiores jerárquicos. </p><p>La decisión de Marlaska se ha topado con la oposición directa de las asociaciones de guardias civiles Jucil y AUGC, que <a href="https://www.20minutos.es/nacional/asociacion-guardia-civil-jucil-exige-dimision-inmediata-irrevocable-directora-mercedes-gonzalez_7009767_0.html" title="Los guardias civiles exigen la dimisión &quot;inmediata&quot; de la directora Mercedes González: &quot;No puede seguir ni un minuto&quot;">han exigido la "dimisión inmediata e irrevocable" de la directora general y el DAO</a> del Instituto Armado. Se trata de una situación similar a la que tuvo lugar tras la imputación del ex fiscal general del Estado <a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/alvaro-garcia-ortiz.html" title="Alvaro García Ortiz">Álvaro García Ortiz</a>, que se mantuvo en el cargo estando investigado. De modo que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, tuvo que representar a la Fiscalía en un procedimiento en el que el encausado era su superior directo. </p><p>El Ministerio Público no ejerció como acusación en esa causa al considerar que no había indicios contra García Ortiz. La UCO, sin embargo, tendrá que indagar en los indicios contra González y Llamas <b>siempre que lo acuerde así el magistrado instructor, ante el que responde directamente</b>. </p><p>Los hechos que se imputan a la directora del Instituto Armado y su número dos guardan relación con la operación que promovió Leire Díez contra la UCO, uno de los principales objetivos de las supuestas cloacas financiadas por el PSOE, que supuestamente se dedicaron a intentar "desestabilizar" causas judiciales. Pedraz no ha tomado la decisión de imputar a González y Llamas de oficio (de <i>motu proprio</i>), sino a petición de la Fiscalía Anticorrupción y las acusación popular unificada en el Partido Popular. El instructor les tomará declaración el 16 de julio. </p><p>El escrito de solicitud de diligencias de la Fiscalía Anticorrupción describe cómo las presuntas cloacas trataron de implicar en sus operaciones a diversas instituciones del Estado, como la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de la Guardia Civil. La "principal" e "ilícita finalidad" de Leire Díez en su acercamiento a Mercedes González fue <b>"atacar la probidad de la actuación de la UCO y la necesaria tranquilidad de sus efectivos"</b>. Tal y como señala el Ministerio Público, Díez quiso impedir que se mantuviera "el curso" de las pesquisas de la UCO, "lo que viene a integrar el delito contra las instituciones del Estado". </p><p>Consta que la supuesta fontanera<b> se reunió en al menos tres ocasiones con la directora de la Guardia Civil</b> y que presumía de la confianza que tenía con ella. Díez apuntó en su agenda anotaciones como "armar lo que quiero hacer con la UCO a nivel administrativo" o "investigación interna G.C para filtraciones". En un mensaje de WhatsApp verbalizó: "mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil [...] es de mi confianza". La propia Mercedes González ha admitido dos encuentros con Leire Díez, pero niega que la supuesta fontanera contactara con ella con intención de atacar a la UCO. </p><p>Pese a ello, la Fiscalía cree que una de las vías que recorrió la supuesta fontanera para tratar de deslegitimar a la UCO fue impulsar "la sospecha sobre sus actuaciones ante la directora general de la Guardia Civil". Según Anticorrupción, aquello<b> "motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada"</b>. Entre ellos uno referido a la filtración de unos mensajes de WhatsApp entre José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno. La Fiscalía considera que la finalidad de estos expedientes pudo ser "la generación de un efecto intimidatorio destinado a condicionar el desarrollo de las investigaciones". </p><p>En la causa, de todos modos, obran otros indicios de las supuestas presiones ejercidas sobre la UCO. El exjefe de la unidad Rafael Yuste declaró ante la propia UCO que el DAO de la Guardia Civil se había reunido con él y otros miembros de la unidad para indicarles que <b>debían ponerse "de perfil" en las causas judiciales con incidencia política</b>, para dejar que fueran los jueces quienes lideraran las pesquisas. Yuste vio en estas palabras un mensaje para frenar las investigaciones que afectaran al Gobierno, al PSOE o al entorno de Pedro Sánchez. </p><p>Ese conjunto de indicios son suficientes para tomar declaración a González y Manuel Llamas, a juicio de la Fiscalía Anticorrupción y del instructor Santiago Pedraz. Y lo indicado es citarles en calidad de investigados "a fin de salvaguardar su derecho a no declarar, no confesarse culpables y los demás que les amparan en dicha posición, y no en la que se otorga a los testigos", tal y como expone la Fiscalía</p>