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<p dir="ltr">La ofensiva de <a href="https://www.elconfidencial.com/tags/lugares/uruguay-8119/" target="_self">Uruguay</a> contra el contrato millonario firmado por el anterior Gobierno con el astillero vigués Cardama supera ampliamente la simple cancelación. El ejecutivo de <strong>Yamandú Orsi</strong> está decidido<strong> a sumar una demanda civil a la denuncia penal</strong> <strong>contra la factoría naval gallega</strong>, a la que acusa de falsear la documentación presentada para acreditar la garantía de fiel cumplimiento para la construcción de dos patrulleras. La dirección del astillero defiende la legalidad del contrato, el más cuantioso de su centenaria historia, y explora la vía del arbitraje internacional para resolver el conflicto con el Estado de Uruguay.</p><p dir="ltr">Después de casi una década de negociaciones, <strong>el encargo de las dos patrulleras por un total de 82 millones de euros se firmó en 2023</strong> con el Gobierno que presidía <strong>Luis Lacalle Pou</strong>. Su relevo por Orsi en marzo de 2025 propició la revisión del acuerdo, que el actual presidente ya había criticado cuando estaba en la oposición, y la detención de cuatro altos mandos de la Armada por supuestas irregularidades en el proyecto. El pasado 13 de febrero,<a href="https://www.elconfidencial.com/espana/galicia/2025-05-07/contrato-patrulleras-uruguay-cardama-1hms_4120967/" target="_self"> Uruguay rescindía el contrato</a> por “incumplimientos contractuales graves” y anunciaba acciones judiciales contra la empresa gallega por supuestos daños y perjuicios.</p><p dir="ltr">Desde entonces, en paralelo a la vía judicial <strong>se ha abierto una investigación parlamentaria</strong> por la que ya han desfilado <a href="https://www.elconfidencial.com/tags/lugares/uruguay-8119/" target="_self">exautoridades del Ministerio de Defensa y mandos de la Armada uruguaya</a>, en un ambiente de extraordinaria tensión entre la oposición y los partidarios de Orsi, que califican el contrato de “presunta estafa” y “fraude histórico”. Fuentes de Cardama han confirmado su disposición a participar en la comisión, aunque lo harán por escrito.</p><p dir="ltr">En el plano económico, el Ejecutivo de Orsi<strong> reclama el dinero que había anticipado al astillero</strong> para la construcción de las embarcaciones antes de cancelar el acuerdo, en torno a 24 millones de euros. Así lo ha afirmado el número dos del Ministerio de Presidencia, el prosecretario <strong>Jorge Díaz</strong>, tras recibir nueva documentación desde España que, según sostiene, “recontra acredita” la falsificación de documentos vinculados a la garantía de fiel cumplimiento. Según <a href="https://www.elconfidencial.com/mundo/2024-11-25/orsi-elecciones-uruguay-presidente-frente-amplio_4010170/" target="_self">el Gobierno de Orsi</a>, esas deficiencias fueron halladas al tratar de rescindir el contrato y ejecutar el aval.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/galicia/2025-05-07/contrato-patrulleras-uruguay-cardama-1hms_4120967/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/59c/37a/59c37ac28fa8468ab6278f8977d4fb3c/cuatro-militares-detenidos-y-dos-patrulleras-en-las-gradas-el-contrato-gallego-que-agita-uruguay.jpg?mtime=1746634098" width="483" height="271"><h3 class="title-related">Cuatro militares detenidos y dos patrulleras en las gradas: el contrato gallego que agita Uruguay</h3>Pablo López. Vigo<div class="text-related">El país sudamericano investiga un acuerdo por 82 millones de euros firmado por el anterior Gobierno con un astillero vigués</div></a></p><p dir="ltr"> </p><strong>Tranquilidad desde Cardama</strong><p dir="ltr">Fuentes próximas a la dirección del astillero se mostraron seguras de que las acciones judiciales, de las que hasta la fecha no tienen ningún tipo de constancia oficial, carecen de recorrido, y<strong> confían, sin embargo, en la mediación internacional</strong> que previsiblemente se verá en <a href="https://www.elconfidencial.com/tags/temas/arbitraje-15352/" target="_self">la Corte Internacional de Arbitraje</a>, ubicada en París. Cardama atribuye el conflicto de las patrulleras a una disputa política. “Estamos muy tranquilos: el contrato es absolutamente legal", apuntó un portavoz cuando el nuevo Gobierno inició su oposición al acuerdo, una actitud que atribuyen a la intención de llevarse la construcción a otro país.</p><p dir="ltr">En su nueva ofensiva, Jorge Díaz asegura contar con <strong>pruebas adicionales de que el aval facilitado por Cardama está falsificado</strong>. “Nosotros tenemos una pericia respecto de determinada documentación. Y ahora tenemos no solamente el documento falsificado, sino el documento original”, afirmó esta misma semana en medios de comunicación de su país. Consultado sobre si el empresario <strong>Mario Cardama</strong> —director general y dueño principal de la histórica factoría naval viguesa— pudo haber tenido cómplices locales, Díaz contestó: “Puedo tener mis convicciones, pero lo determinará la justicia”. También cuestionó la falta de avances en la denuncia penal presentada por el Gobierno. “La denuncia está parada. No se hizo nada hasta donde tenemos conocimiento”, reconoció.</p><p dir="ltr">Sus declaraciones completan lo manifestado por el propio Yamandú Orsi al anunciar la rescisión, cuando aseguró que su Gobierno tuvo conocimiento de estos “incumplimientos” <strong>cuando se procedió a renovar la fianza.</strong> “Nos encontramos con que esa garantía no existía o, peor aún, era un documento falso”, denunció. Fue el origen de una investigación que, según el Ejecutivo uruguayo, encontró también irregularidades en otro aval, el de reembolso. Para Orsi, estas dos garantías eran “elementos sustanciales” para que el contrato entrase en vigor y, sin embargo, no eran válidas.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/empresas/2026-06-30/sector-naval-innovacion-espana-1hms_4381344/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/e14/037/e14037cfbe153d73859c1bdbb7a13d18/hereu-destaca-la-ejemplar-colaboracion-publico-privada-con-los-astilleros-privados-espanoles-de-pymar.jpg?mtime=1782844092" width="483" height="271"><h3 class="title-related">Hereu destaca la "ejemplar" colaboración público-privada con los astilleros privados españoles de Pymar</h3>EFE<div class="text-related">El sector naval encara sostenibilidad, digitalización y defensa mientras Pymar impulsa talento con becas y España refuerza liderazgo europeo con pedidos, empleo y exportaciones</div></a></p><p dir="ltr"> </p><strong>Rescisión en plena construcción</strong><p dir="ltr">Las patrulleras <strong>se hallaban en proceso de construcción</strong> cuando el contrato fue rescindido, después de que, en cumplimiento de lo acordado, en <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/galicia/2021-12-25/incierto-futuro-mayor-astillero-privado-espana_3349217/" target="_self">el astillero vigués</a> se realizara en mayo del pasado año el simbólico primer corte de chapa, lo que supuso el inicio de las obras en las gradas y la colocación de la quilla. Ese material parcialmente construido ha dado origen a una disputa legal, ya que el Gobierno uruguayo lo reclama como propio y negocia cómo retirarlo.</p><p dir="ltr">El contrato preveía <strong>un plazo de entrega de 18 meses</strong> para la primera patrullera y de 30 para la segunda e incluía la participación del clasificador Lloyd’s Register —que controla el proceso de fabricación de los buques— y la presencia de un representante de la Armada Nacional de Uruguay, para realizar el seguimiento de los trabajos. Los barcos, de 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga, iban a ser entregados para el cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país.</p><p dir="ltr">Para su consecución, Cardama tuvo que vencer la competencia de empresas de distintos países. Los dirigentes de la factoría naval <strong>se trasladaron a Uruguay para discutir los pormenores del contrato</strong> y contaron con el apoyo <a href="https://www.elconfidencial.com/tags/organismos/embajadas-14299/" target="_self">del embajador de España en Uruguay</a>, que gestionó una carta de recomendación avalada por el Ministerio de Industria. Ahora, con el contrato ya anulado, el Gobierno del país sudamericano ha anunciado que entablará negociaciones “de Estado a Estado”, para garantizar el respaldo institucional de los países donde se construyan las patrulleras.</p><img src="https://sb.scorecardresearch.com/b?c1=2&c2=7215267&ns__t=1783827925&ns_c=UTF-8&c8=Espa%C3%B1a&c7=https%3A%2F%2Frss.elconfidencial.com%2Fespana%2F&c9=https%3A%2F%2Fwww.elconfidencial.com%2F" width="1" height="1">