Regeringen minns att Högsta domstolen inte förlamade legaliseringen och att uppehålls- och arbetstillståndet endast gäller Spanien

<p>El Gobierno ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" ante las dudas surgidas en torno al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes y ha recordado que el <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/tribunal-supremo.html" title="Tribunal Supremo">Tribunal Supremo</a><b> ya rechazó el pasado mes de mayo la petición de medidas cautelares para paralizar el procedimiento</b>, y que este ha seguido desarrollándose "con total normalidad". Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones insisten en que la norma se ha elaborado "<b>velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario</b>" y subrayan que la eventual cuestión prejudicial que estudia el alto tribunal no supone, por ahora, ningún cambio en la tramitación.</p><p>Fuentes del departamento que dirige <a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/elma-saiz.html" title="Elma Saiz">Elma Saiz</a> explican que el plazo para que el <b>Ministerio se pronuncie sobre la pertinencia de la posible cuestión prejudicial </b>está abierto hasta este viernes, 3 de julio. Durante estos días, añaden, se está trabajando de forma coordinada con la Abogacía del Estado para responder a las cuestiones planteadas por el Supremo.</p><p>Desde el Gobierno señalan que, una vez concluido ese plazo, será el Tribunal Supremo el que analice las <b>alegaciones presentadas</b> y decida si finalmente eleva una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el Ejecutivo recalcan, no obstante, que ese mecanismo tendría un carácter meramente interpretativo y serviría para despejar dudas concretas sobre la aplicación del derecho europeo antes de que el alto tribunal resuelva el fondo del asunto.</p><p>En este contexto, el Gobierno insiste en lanzar un "<b>mensaje de tranquilidad" a quienes han solicitado acogerse a la regularización</b> y recalca que el procedimiento continúa vigente mientras no exista una resolución que altere su aplicación. Otras fuentes gubernamentales restan dramatismo al escenario abierto por la posible cuestión prejudicial y descartan que vaya a generar inseguridad jurídica. Además, recuerdan que, si finalmente el Tribunal Supremo decide elevarla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, <b>su resolución podría prolongarse durante meses.</b></p><p>Desde el Ministerio de Inclusión, por su parte, subrayan que la norma fue elaborada g<b>arantizando su compatibilidad con el derecho comunitario</b> e insisten en que la autorización derivada de esta regularización consiste exclusivamente en un permiso de residencia y trabajo válido en España, sin que otorgue derecho a residir o trabajar en el resto de países de la Unión Europea.</p><p>En la misma línea se ha expresado este martes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha asegurado, durante una rueda de prensa sobre memoria democrática, que el <b>Ejecutivo mantiene contacto con la Abogacía del Estado </b>para responder a las cuestiones planteadas por el Supremo. Más allá de eso, ha evitado entrar en valoraciones y también ha recordado que el alto tribunal ya rechazó en mayo la petición de Vox y de la Comunidad de Madrid para suspender cautelarmente la regularización, una decisión que ha calificado de <b>"varapalo" para quienes pretendían paralizar el proceso.</b></p>