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Högsta domstolen dömer Ábalos till 24 års fängelse, Koldo till 19 år och åtta månader och villkorlig dom på Aldamas straff

Kriminalkammaren tillskriver den tidigare ministern och hans före detta rådgivare brott av kriminell organisation, mutor, förskingring och påverkan.

Högsta domstolen dömer Ábalos till 24 års fängelse, Koldo till 19 år och åtta månader och villkorlig dom på Aldamas straff

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Publicerad av 20 Minutos

22 june 2026, 12:15

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El Supremo condena a Ábalos a 24 años de prisión, a Koldo a 19 años y ocho meses y suspende la pena a Aldama

Beskrivning

La Sala de lo Penal atribuye al exministro y su exasesor delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Innehåll

<p>La Sala de lo Penal del <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/tribunal-supremo.html" title="Tribunal Supremo">Tribunal Supremo</a> ha condenado al exministro <a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/jose-luis-abalos.html" title="José Luis Ábalos">José Luis Ábalos</a> a 24 años y tres meses de prisión por delitos de <b>organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias</b>. Asimismo, ha impuesto una pena de 19 años y ocho meses de cárcel para Koldo García por los mismos delitos, cometidos en el marco de los hechos enjuiciados en el caso mascarillas. Por último, el tribunal ha establecido una condena de cuatro años y medio de cárcel para el comisionista <b><a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/victor-de-aldama.html" title="Víctor de Aldama">Víctor de Aldama</a></b>, si bien ha suspendido la ejecución de su pena, de modo que el acusado<b> se librará de entrar en prisión.</b> El tribunal ha establecido que el cumplimiento efectivo máximo de las condenas de José Luis Ábalos y Koldo García sean de 16 años y medio y 15 años, respectivamente. De este modo, la Sala de lo Penal impone unas penas muy similares a las solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. </p><p>La Sala Segunda presidida por Andrés Martínez Arrieta ha dictado la sentencia por unanimidad, y considera probado que Ábalos y García amañaron contratos para adjudicar la compra de 13 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Víctor de Aldama. Asimismo,<b> la Sala da por acreditadas las distintas mordidas que cobraron el exministro de Transportes y su exasesor,</b> entre ellas la remuneración mensual de 10.000 euros al exministro. Igualmente, el Tribunal Supremo da por probado que Ábalos y Koldo García enchufaron a dos mujeres, Jésica Rodríguez y Claudia Montes, en las empresas públicas Ineco, Tragsatec y Logirail. </p><p>La sentencia, de más de 200 folios, destaca que<b> "el efecto más grave" de los hechos enjuiciados es "el deterioro de la confianza ciudadana en su sistema político".</b> Los delitos cometidos por quien fuera titular del Ministerio de Transportes quiebran "la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía", subraya el Tribunal Supremo.</p><p>Frente a las elevadas penas que impone el tribunal al exministro y a Koldo García, a quien sitúa en una "posición funcionarial subordinada" a la de Ábalos, la Sala ha reducido sensiblemente la pena a Víctor de Aldama por su colaboración con la justicia.<b> El tribunal estima que su colaboración debe dar pie a una atenuante "muy cualificada" de la pena</b>, como planteó su abogado José Antonio Choclán. </p><p>La Sala de lo Penal <b>arranca su descripción de los hechos probados en los viajes del famoso Peugeot de Pedro Sánchez</b>, cuando este promovía su candidatura a la Secretaría General del PSOE. En esos viajes, apunta la Sala, Ábalos conoció a Koldo García, que era "de la confianza de Santos Cerdán". Tal y como describe el tribunal, García terminó convirtiéndose en el "fiel transmisor" de las decisiones de José Luis Ábalos y en el encargado de manejar su dinero en efectivo. Los dos conocieron a Aldama en 2018 y, "en el desarrollo de estas relaciones personales, los acusados vieron la oportunidad de obtener un común beneficio económico".</p><p>De acuerdo con la sentencia, al menos los tres condenados formaron "<b>un claro plan criminal previamente concertado, con distribución de funciones o cometidos</b>, siendo la actividad persistente en el tiempo". Es por este motivo que a los tres se les considera culpables del delito de organización criminal, que comporta una pena de cinco años y seis meses de cárcel para Ábalos, cinco años para Koldo García y un año para Víctor de Aldama.</p><p>Pasando al delito de cohecho, la Sala subraya que el comisionista se comprometió a pagar 10.000 euros mensuales a Ábalos y Koldo García entre octubre de 2019 y junio de 2022. Junto a esta cantidad, también <b>se encargó de pagar un piso para la mujer vinculada a Ábalos Jésica Rodríguez en Plaza de España</b>, por importe de 2.700 euros al mes entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. La Sala también apunta que el contrato de alquiler con opción a compra de un piso en Paseo de la Castellana (Madrid) que firmó Aldama en favor de Ábalos fue una contraprestación. La Sala ve probadas estas mordidas a partir de la confesión del comisionista, que ve corroborada "por suficientes y bastantes elementos de prueba". </p><h2>Los contratos de mascarillas</h2><p>La sentencia dictada este lunes apunta que los tres acusados, "de mutuo acuerdo" se coordinaron para que Soluciones de Gestión resultara adjudicataria de "dos contratos de suministro de mascarillas licitados por dos entes dependientes del propio ministerio: Puertos del Estado y Adif". El tribunal aborda en primer lugar el contrato de Puertos del Estado, firmado el 20 de marzo, para la adquisición de ocho millones de mascarillas. "Antes incluso de que los responsables del propio órgano de contratación tuviesen conocimiento de la operación, <b>la empresa adjudicataria ya contaba con que se publicaría una orden ministerial</b>, que la compra sería centralizada a través de Puertos del Estado, que el volumen sería de ocho millones de mascarillas y que sería la adjudicataria", destaca el Supremo como evidencia del amaño. </p><p>La Sala considera que Ábalos usó su influencia para beneficiar a Soluciones de Gestión también en la adjudicación que realizó Adif días después, para la adquisición de cinco millones de mascarillas. De acuerdo con la Sala, Aldama "canalizó las comisiones percibidas a resultas de estas operaciones" a través de las empresas Deluxe Fortune y MTM 180 Capital SL, "por un importe total de 6.676.046,09 euros". El tribunal destaca que Ábalos y Koldo García solicitaron comisiones de dos millones de euros y 500.000 euros, respectivamente, "cifras que Víctor de Aldama incluyó en sus previsiones de gastos". El Supremo considera que estas afirmaciones se sustentan en un "<b>extenso cuadro probatorio</b> integrado por las órdenes ministeriales de compra y documentación administrativa consecuentes, las declaraciones del acusado Víctor de Aldama" y otros documentos como correos electrónicos y conversaciones entre cargos del Ministerio de Transportes. </p><p>El tribunal entiende que estos amaños son constitutivos de de un delito de tráfico de influencias en concurso con un delito de cohecho en los casos de José Luis Ábalos y Koldo García. En el caso de Aldama, comportan únicamente un delito de cohecho. Sin embargo, la Sala ha rechazado aplicar también el delito de información privilegiada que proponía la Fiscalía y los delitos de prevaricación que plantearon las acusaciones populares. </p><h2>Los enchufes</h2><p>La sentencia dictada este lunes subraya, por otro lado, que Ábalos y su exasesor "promovieron la contratación de Claudia Montes, que había conocido al entonces ministro en un mitin del PSOE que se celebró en Gijón, en el mes de mayo de 2019". La Sala destaca los mensajes de WhatsApp en los que el extitular de Transportes<b> pidió a su mano derecha que ficharan a Montes "en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas".</b> Fue ese mensaje el que promovió la contratación de la asturiana en Logirail, perteneciente al grupo Renfe, por un sueldo de 1.384,99 euros mensuales. </p><p>Respecto a Jésica Rodríguez, el tribunal expone que José Luis Ábalos "mantenía una relación sentimental" con ella y <b>se aprovechó de "su privilegiada situación por su condición de ministro" para "desplegar toda su influencia"</b> y lograr el fichaje de Rodríguez en una empresa pública. "Para llevar a cabo dicho plan contó, como solía, con su asesor Koldo García", que se puso en contacto con "la presidenta de Adif", Isabel Pardo de Vera, y logró la contratación de Rodríguez en Ineco, primero, y Tragsatec, después. Entre la "abundante" prueba que respalda estas afirmaciones está el propio "testimonio de Jésica Rodríguez", además de sus conversaciones por mensajería con Koldo García. </p><h2>Villa Parra y la Alcaidesa</h2><p>En su extensa sentencia, la Sala Segunda también expone como hechos delictivos el disfrute por parte de Ábalos de estancias en dos chalets vacacionales, uno en Marbella y otro en Cádiz, financiado por Aldama a cambio de diversas gestiones. El Supremo constata que José Luis Ábalos encargó emitir un comunicado para<b> "tranquilizar a los acreedores" de la aerolínea Air Europa </b>en el proceso de rescate de la compañía, en agosto de 2020. Fue un favor que le pidió Víctor de Aldama, asesor de la aerolínea, y que dio pie a que el comisionista financiara un chalet para el exministro. </p><p>El pago de Villa Parra, en Marbella, se realizó "con la colaboración de Koldo García y el conocimiento y asentimiento de José Luis Ábalos", que disfrutó de unas vacaciones entre el 14 y el 23 de agosto de 2020 "sin abonar renta alguna". El Tribunal Supremo ve igualmente probado que los socios de Víctor de Aldama compraron el chalet de La Alcaidesa, en Cádiz, para que Ábalos disfrutara de él tras pagar 7.500 euros en concepto de fianza y no volver a abonar "cantidad alguna con posterioridad".</p><p>Esta fue la contraprestación por las gestiones que realizó Ábalos en favor de la compañía del sector de los hidrocarburos Villafuel SL, propiedad del socio de Víctor de Aldama Claudio Rivas. Así lo expone el tribunal, si bien considera que las gestiones que llevaron a cabo Ábalos y Koldo García para que Villafuel obtuviera la licencia de operador en el sector de los hidrocarburos no son constitutivas de delito. </p><p>Lo mismo sucede respecto de la gestión que realizaron los acusados para que Hacienda aplazar la deuda contraída por una empresa ligada a Víctor de Aldama, Pilot Real State. Los contactos del<b> exjefe de Gabinete de la exministra María Jesús Montero, Carlos Moreno</b>, con Víctor de Aldama, "no son constitutivos de un delito de tráfico de influencias". </p>
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