Domare Peinado öppnar ett nytt mål mot Begoña Gómez för påstådd förvirring och bedrägeri mot EU:s intressen

<p>El juez <b><a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/juan-carlos-peinado.html" title="Juan Carlos Peinado">Juan Carlos Peinado</a></b> ha abierto una pieza separada del caso Begoña para investigar una supuesta irregularidad en la adjudicación de un contrato de la entidad pública Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, quien fuera miembro del claustro de profesores del máster que codirigió la mujer de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El instructor ha dado este paso <b>tras recibir información de la Fiscalía Europea sobre este tercer expediente. </b></p><p>Barrabés y Begoña Gómez han sido objeto de una instrucción a la que Peinado puso fin este lunes, y ambos están <b>esperando a que se les convoque a un juicio ante un tribunal del jurado</b>. Entre los hechos que se enjuiciarán están dos adjudicaciones de la empresa pública Red.es a una unión temporal de empresas (UTE) de Juan Carlos Barrabés. En su candidatura a estas dos adjudicaciones, el empresario presentó dos cartas de recomendación de Begoña Gómez, lo cual llevó al instructor Peinado a sospechar que la mujer del presidente pudo haber influido en favor de la UTE de Barrabés. En el caso de este tercer expediente, <b>no consta que la mujer de Pedro Sánchez firmara ninguna carta de recomendación </b>en favor de la compañía de Barrabés, por lo que a priori no tendría por qué estar implicada en esta pieza separada. </p><p>La Fiscalía Europea reclamó asumir una parte del caso Begoña —la relativa a las cartas de recomendación y los contratos de Red.es— en junio de 2025, al entender que los hechos pudieron afectar a los<b> intereses económicos de la Unión Europea</b>. Asumida esta parte de la instrucción se designó al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña como juez de garantías (una figura que no existe en los tribunales penales españoles, donde la investigación la dirige el juez de instrucción, pero sí figura en otros países de la UE y en las causas de la Fiscalía Europea). </p><p>Este año, los fiscales europeos recibieron un atestado de la UCO sobre un contrato adjudicado por Red.es a una unión temporal de empresas entre la compañía de Barrabés, Innova Next SL y la mercantil KPMG. El contrato estaría financiado con fondos europeos y tuvo un presupuesto base de más de cuatro millones de euros. El informe de la UCO señalaba que, en el proceso de licitación, se obvió que <b>la UTE de Barrabés no había presentado el "libro blanco"</b>, una documentación que era "requisito necesario recogido en los pliegos" de la adjudicación. </p><p>De acuerdo con el atestado, la UCO reparó en esta presunta infracción penal porque el firmante del informe de valoración de este expediente fue el mismo que firmó los dos vinculados a las cartas de recomendación de Begoña Gómez: "el investigado Luis Prieto". </p><p>Tras conocer toda esta información, la Fiscalía Europea solicitó nueva documentación al juez Juan Carlos Peinado, que se la aportó, y decidió avocar —quedarse a cargo de— esta parte de la investigación el 20 de abril de este mismo año. El 4 de junio, la defensa de Juan Carlos Barrabés presentó un recurso ante el juez de garantías, Antonio Piña, en el que pidió dejar sin efecto la avocación. Piña dio la razón a la defensa de Barrabés en un auto, al que ha accedido este periódico, en el que señala que <b>la investigación no compete a la Fiscalía Europea. </b></p><p>De modo que los fiscales europeos firmaron el 8 de junio un decreto en el que dejan sin efecto la avocación y deciden dar traslado de la documentación al juez Juan Carlos Peinado. El instructor, tras recibirla, ha decidido abrir una pieza separada para investigar los hechos. En una breve providencia fechada el 18 de junio, <b>Peinado acuerda dar traslado a la Fiscalía para que "emita informe sobre la tipicidad de los hechos"</b>. La Fiscalía Europea, que ya no está a cargo de las pesquisas, consideraba que la adjudicación "podría ser constitutiva de un delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión". </p>