De två vägarna öppnas i Ceuta-domstolens mål: från behovet av marockanskt samarbete till spårning av varningar i Spanien

<p>La magistrada de la <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/audiencia-nacional.html" title="Audiencia Nacional">Audiencia Nacional</a> María Tardón, a cargo de la instrucción sobre la entrada masiva de inmigrantes a <a href="https://www.20minutos.es/tags/lugares/ceuta.html" title="Ceuta">Ceuta</a>, tiene ante sí dos hilos de los que tirar. Por un lado, investiga la autoría de lo que ella misma definió como<b> un "grave ataque a la integridad territorial de España"</b>, una tarea que requerirá de la colaboración del reino de Marruecos. Además, la propia jueza expuso que "habrá de investigarse" las actuaciones que tuvieron lugar "dentro del territorio español", aunque en este momento de la instrucción no las vincula con ningún presunto delito. Esas actuaciones se refieren a la respuesta de España "en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento". </p><p>Ambas vías están abiertas y el Juzgado Central de Instrucción número 3 las transitará <b>a dos velocidades diferentes</b>. Aparte de investigar quién está tras la planificación y ejecución de la entrada masiva de inmigrantes, también indaga en si las autoridades españolas con deber para prevenirla tenían información previa y en si actuaron en consecuencia. </p><h2>La reacción de España</h2><p>La causa ya avanza en este segundo plano: la instructora <b>reclamó el pasado jueves al Ministerio de Justicia que remitiera al juzgado los informes</b> y alertas que el Gobierno desclasificó el miércoles y publicó en la página web de Moncloa. Entre ellos hay <a href="https://www.20minutos.es/nacional/cni-alerto-gobierno-marruecos-29-julio-llamamientos-pasar-ceuta-dia-30-grupos-hasta-180-000-personas_7034787_0.html" title="El CNI alertó al Gobierno y Rabat el 29 de julio de llamamientos en redes sociales para un &quot;asalto por valla y mar&quot; de Ceuta">varias comunicaciones del CNI</a>, que el 29 de julio avisó a los servicios de Inteligencia de Marruecos, a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Guardia Civil de una convocatoria para cruzar la frontera a Ceuta el 30 de julio, coincidiendo con la Fiesta del Trono del país alauí. </p><p>Una de las grandes incógnitas sobre lo ocurrido en Ceuta es lo que pasó después de que el CNI avisara al jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno de que en dos grupos de Facebook con "un total de 180.000 seguidores" se estaban realizando llamamientos para el "asalto por valla y mar" al día siguiente. </p><p>Precisamente el jefe de gabinete presentó el viernes la dimisión alegando lo siguiente: mientras que él asegura que reenvió la alerta del CNI al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, este último lo niega. Previsiblemente, la magistrada instructora ordenará nuevas diligencias —como pueden ser las declaraciones de uno y de otro— para determinar cuál de los dos dice la verdad y saber hasta qué escalafón se elevó la información. </p><p>Si finalmente hubiera indicios de que una autoridad española con deber de resguardar la seguridad de la frontera conocía la existencia real de un riesgo elevado de la entrada masiva, y si se constatara que esa autoridad no actuó, ello podría comportar un delito de <b>prevaricación administrativa por omisión</b>, sin perjuicio de otros que pudieran surgir a medida que avanza la investigación. Así lo afirman juristas consultados por este medio, pero advierten de que ese escenario queda lejano por el momento. </p><h2>La autoría tras la entrada masiva</h2><p>En lo referente a la autoría de la operación para la entrada masiva, fuentes fiscales conocedoras de la instrucción de María Tardón reconocen que se trata de una "causa compleja" y admiten que <b>una parte importante de la investigación depende de la colaboración que esté dispuesto a prestar Marruecos</b>. </p><p>Los escasos indicios con los que cuenta la Audiencia Nacional en este incipiente momento de la instrucción apuntan precisamente a Marruecos, si no como impulsor de lo sucedido, sí por su "permisividad". Siendo estas las circunstancias —admiten fuentes fiscales—, demostrar el papel de Marruecos requeriría que este país se preste a <b>permitir que la Audiencia Nacional identifique e interrogue a los gendarmes</b> que habrían actuado con "permisividad" durante el traspaso masivo de la frontera, así como a los supuestos agentes "dinamizadores" no uniformados que habrían organizado las oleadas de personas migrantes en su tránsito hacia el Espigón de El Tarajal.</p><p>Desde la Fiscalía esperan que Rabat no ponga impedimentos, pero varios penalistas consultados por este periódico consideran<b> que reclamar a Marruecos que colabore no es más que "un brindis al sol"</b> y dan por sentado que la causa llevará a un callejón sin salida.</p><p>Hay determinados extremos que la jueza María Tardón ya tiene claros, pese a lo incipiente de la investigación. Considera que lo sucedido a finales de julio fue una acción planificada, pero descarta que sea obra de mafias. Según expuso en su auto, ninguna de las "organizaciones criminales de tráfico de inmigrantes" que operan en la zona tiene la capacidad de ejecutar "un proceso de estas dimensiones". Asimismo, la magistrada ve evidente que hubo "una clara e indudable <b>gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos</b>". Por último, en línea con lo expuesto por la Policía Nacional, señala que hubo "permisividad" por parte de los agentes policiales de Marruecos que se encontraban en la zona.</p><p>Los juristas consultados consideran que lo lógico es que Tardón envíe una <b>comisión rogatoria para solicitar ayuda a Marruecos</b>, pero añaden que "aunque ella mande un requerimiento de información, Marruecos no va a colaborar". </p><p>Por el momento, la causa se ha abierto formalmente por tres delitos. Aparte del de organización criminal, la magistrada <b>apunta a un delito contra "la paz o la independencia del Estado"</b>, del artículo 590.1 del Código Penal. Se trata de un tipo penal muy en desuso, sin precedentes de condenas por la comisión de ese delito. Se refiere a quienes cometen un acto "ilegal" o "no autorizado" que lleva a que una potencia extranjera declare la guerra contra España o bien exponga a los españoles "a experimentar vejaciones o represalias". El Código Penal prevé la posibilidad de una condena por este delito, aun cuando la guerra no se llegue a declarar o las "vejaciones o represalias" no lleguen a tener efecto. </p><p>Además de este delito, Tardón considera que podría existir otro "contra los derechos de los ciudadanos extranjeros", e<b>n conexidad con el "homicidio imprudente" </b>por el "fallecimiento de las, por el momento, 83 personas cuyos cadáveres han sido recuperados en las aguas territoriales españolas". </p>