Reguleringen av invandrare börjar på torsdag och det edsvurna uttalandet kommer inte att räcka för att bevisa bristen på bakgrund

<p><b></b>Entre 500.000 y un millón de inmigrantes 'sin papeles' podrán obtener un permiso para trabajar y residir en España durante un año con la nueva regularización extraordinaria aprobada este martes en el <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/consejo-de-ministros.html" title="Consejo de Ministros">Consejo de Ministros</a>. El decreto, que entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), activa un mecanismo extraordinario para aquellos extranjeros en situación administrativa irregular, que ya viven y trabajan aquí, pero que no tienen su documentación en regla. El único requisito que se exigirá será <b>haber vivido al menos cinco meses de forma ininterrumpida en España, a 1 de enero de 2026, y carecer de antecedentes penales</b> reconocidos en el ordenamiento jurídico español.</p><p>Eso sí, tras las <b>reticencias mostradas por el Consejo de Estado</b> sobre el hecho de que el borrador contemplara una mera declaración jurada de la persona solicitante para demostrar esa ausencia de penales cuando su país de origen no contestase, el Gobierno finalmente ha incluido un nuevo paso para que el Ministerio de Justicia intervenga diplomáticamente para exigir ese certificado. </p><p><span>Según ha avanzado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, <a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/elma-saiz.html" title="Elma Saiz">Elma Saiz</a>, <b>los trámites para la regularización arrancarán este mismo jueves, 16 de abril, de forma telemática, y el próximo lunes, día 20, de forma presencial </b>en las ventanillas habilitadas por el Ejecutivo, siempre con cita previa. Habrá poco más de dos meses para presentar la solicitud, pues el plazo vence el 30 de junio, y las resoluciones tardarán entre 15 días y tres meses.</span></p><p><span>El Gobierno ha trabajado hasta el último momento en pequeñas modificaciones del texto, para incluir algunas de las observaciones que hizo el Consejo de Estado la semana pasada, en un informe en el que, en general,<b> pedía ser más estrictos con la exigencia de ausencia de antecedentes penales y con los requisitos</b> que demuestren la estancia mínima exigida en España.</span></p><p>En el texto inicial, el decreto exigía a los inmigrantes un documento de su país de origen en el que se demostrase que no tenían antecedentes y, en caso de no conseguirlo, bastaba con una declaración de responsabilidad del propio solicitante. Esto, para el órgano consultivo del Gobierno, podía generar cierta inseguridad jurídica y pedía ser más estrictos. Finalmente, el Ejecutivo ha dejado esa declaración responsable, pero no bastará, sino que si el solicitante no consigue el certificado de ausencia de antecedentes, puede presentar la declaración y entonces será el Ministerio de Justicia el que <b>se encargue de contactar con los países de origen para exigir los antecedentes —o la ausencia de ellos—.</b></p><p>Entre las novedades, también consta la <b>exclusión de los apátridas del proceso de regularización</b>, lo que afectará sobre todo a la población saharaui en España. El Ejecutivo alega que la situación de estas personas es distinta a la de los inmigrantes en situación irregular, y asegura que con esta exclusión evitarán solapamientos en los procedimientos, que sí incluyen a los solicitantes de la vía de la protección internacional.</p><p><b><i>(Más información en breve)</i></b></p>