Regeringen beskriver en legalisering av invandrare efter statsrådets motvilja mot vissa förfaranden

<p>El <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/gobierno.html" title="Gobierno">Gobierno </a>aprobará este martes el decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes, del cual podrán beneficiarse entre 500.000 y un millón de extranjeros 'sin papeles'. Salvo cambio de última hora, el <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/consejo-de-ministros.html" title="Consejo de Ministros">Consejo de Ministros</a> dará luz verde a la que será<b> la séptima regularización llevada a cabo en los últimos 40 años en España,</b> para dar comienzo a un procedimiento que se alargará, en principio, hasta el 30 de junio. El <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/ministerio-de-inclusion-seguridad-social-y-migraciones.html" title="Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones">Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones </a>ha estado trabajando contrarreloj estos últimos días para introducir en la norma las observaciones emitidas por el Consejo del Estado, que el pasado jueves avaló el texto, aunque con matices, con especial preocupación por la ambigüedad en aspectos clave como la presentación de antecedentes penales o la acreditación de permanencia en España.</p><p>Según avanzó este lunes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, <a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/felix-bolanos.html" title="Félix Bolaños">Félix Bolaños</a>, el Ejecutivo ha estado trabajando intensamente en las últimas horas con la idea de que el decreto pueda aprobarse este martes, y así no dilatar más un proceso con plazos muy reducidos, de apenas dos meses. La norma, que se anunció en enero tras un pacto entre el PSOE y Podemos, concederá un permiso de un año para residir y trabajar en España a todos aquellos inmigrantes que estuvieran en el país<b> antes del 1 de enero de 2026 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.</b> </p><p>El único requisito que impone el Gobierno es <b>que el solicitante no cuente con antecedentes penales</b> por los delitos previstos en el ordenamiento jurídico español. Para eso, el inmigrante deberá pedir un informe a su país de origen y, en el caso de no recibir respuesta, el decreto permite la presentación de una declaración responsable del propio solicitante. </p><h2>Los apuntes del Consejo de Estado</h2><p>Este es, precisamente, uno de los asuntos en los que hizo hincapié el Consejo de Estado en su informe, en el que señala dudas sobre qué antecedentes computan, el ámbito territorial y la forma de acreditación. <b>"No queda suficientemente precisado el alcance de la exigencia relativa a la carencia de antecedentes penales", </b>subrayó el órgano consultivo liderado por<a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/carmen-calvo.html" title="Carmen Calvo"> Carmen Calvo</a>. Así, el Consejo de Estado considera que la declaración responsable del extranjero es "inadecuada" para un proceso "masivo" como este, que podría generar inseguridad jurídica. De este modo, pide "dejar claro" que esos solicitantes deben aportar el certificado o documento equivalente y que, de no hacerlo, el procedimiento quedará "en suspenso" hasta que lo entreguen. </p><p>En esa línea, el órgano consultivo del Gobierno echa en falta una mayor concreción de los documentos con los que se podrá demostrar que se ha vivido al menos cinco meses en España, como pide la norma. Según se contó entonces, valdría cualquier documento, público y privado, que acredite que la persona extranjera lleve un mínimo de tiempo residiendo en España (como el padrón, un contrato de alquiler, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales, un justificante de envío de dinero o un billete de transporte). Pero para el Consejo, estos requisitos están poco definidos. <b>"Debería concretarse con mayor claridad la forma de acreditar la permanencia"</b>, subraya en el documento de más de 80 páginas al que ha tenido acceso este periódico. </p><p>Queda también en el aire conocer si las personas que se regularicen por la vía de solicitud de<b> protección internacional </b>perderán la posibilidad de recibir la aprobación de protección internacional (como decía el texto del Gobierno), o si la regularización es compatible con esa situación (como defiende el Consejo de Estado). Tampoco se sabe todavía <b>si el Ejecutivo ampliará el plazo de presentación de solicitudes más allá del 30 de junio.</b> El ministerio ha insistido en más de una ocasión en que hay tiempo de sobra para mantener el calendario previsto, pero tanto las entidades sociales como el Consejo de Estado han alertado de lo complicado que supondrá asumir las 750.000 solicitudes que se esperan en tan solo dos meses y medio. </p><h2>La oposición anuncia una ofensiva jurídica</h2><p>Mientras tanto, los partidos de la oposición ya han anunciado una ofensiva jurídica contra el decreto del Gobierno. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra,<a href="https://www.20minutos.es/nacional/pp-usara-cualquier-instrumento-politico-parlamentario-juridico-espana-europa-para-combatir-regularizacion-masiva_6957462_0.html"> avanzó este lunes que su partido hará todo lo que esté en su mano para denunciar el "sinsentido" del proceso de regularización</a> de inmigrantes. <b>"No hay medida política parlamentaria, jurídica, nacional ni europea que el Partido Popular vaya a dejar pasar para denunciar esta barbaridad"</b>, señaló en rueda de prensa, antes de precisar que, en todo caso, esperarán a conocer el texto íntegro para decidir si finalmente acudirán a los tribunales. </p><p><a href="https://www.20minutos.es/nacional/vox-reconoce-que-tiempo-apremia-para-llegar-acuerdos-extremadura-aragon-intensifica-los-contactos-con-pp_6957425_0.html">Para Vox, la norma directamente supondrá la "legalización e institucionalización" de la "invasión migratoria",</a> y ha anunciado que <b><b>recurrirán el decreto ante el Tribunal Supremo</b></b> y pedirán su suspensión como medida cautelar.</p>