Montero förebrår PP för den "partiska" användningen av senaten medan Sánchez agiterar den andalusiska kampanjen med hälsoannonser

<p>El PSOE acelera en la antesala de la campaña andaluza, pero lo hace desde Madrid y envuelto en una contradicción difícil de disimular. Este lunes, mientras el presidente del Gobierno, <a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/pedro-sanchez.html" title="Pedro Sánchez">Pedro Sánchez</a>, anunciaba desde el Ministerio de Sanidad una<b> inversión millonaria en la detección del cáncer</b> —convertido en uno de los ejes discursivos del PSOE en Andalucía y en ariete contra la gestión de <a href="https://www.20minutos.es/tags/autores/juanma-moreno-bonilla.html" title="Juanma Moreno">Juanma Moreno</a>—, la candidata socialista a la Junta, <a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/maria-jesus-montero.html" title="María Jesús Montero">María Jesús Montero</a>, denunciaba en el Senado una<b> supuesta instrumentalización política de la Cámara Alta </b>por parte del PP al citarla a comparecer por las presuntas irregularidades en la SEPI en plena precampaña del 17M.</p><p>La queja de Montero no fue un elemento puntual, sino el eje sobre el que pivotó toda su comparecencia en la comisión de investigación. Convocada en calidad de exministra de Hacienda para dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades de una entidad dependiente de su antiguo departamento, la dirigente socialista optó por <b>reencuadrar su presencia en clave electoral</b>: insistió una y otra vez en el argumento de que el PP no la citaba por su gestión pasada, sino por su condición de candidata, con el objetivo —según su relato— de impedirle "hablar del cáncer de mama" o de la "mala gestión" de la sanidad andaluza.</p><p>Sin embargo, ese supuesto silencio forzado en el Senado <b>encontraba un altavoz simultáneo en el Gobierno</b>. Desde el Ministerio de Sanidad, y en el marco de un anuncio institucional, Sánchez avanzaba una inversión de <b>30 millones de euros destinada a mejorar los sistemas de detección del cáncer</b>, con el mensaje de "llegar antes, acertar más y tratar mejor". Con el mismo, Sánchez trataba de señalar a las comunidades gobernadas por el PP que, a su juicio, no cumplen con esos estándares. Aunque no señaló directamente a la comunidad andaluza, el Gobierno y, en concreto, Montero, lleva ya medio año haciéndolo. Desde octubre de 2025, cuando estalló el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía.</p><p>El propio presidente deslizó esa crítica durante su intervención sin necesidad de apuntar directamente. "¿A dónde han ido esos recursos adicionales a las comunidades?", se preguntó, sugiriendo una deficiente gestión autonómica de la sanidad. Lo hizo a apenas diez días del inicio oficial de la campaña y a sabiendas de que ese terreno es el elegido por Montero para tratar de <b>erosionar las posibilidades que tiene el presidente andaluz de revalidar una mayoría absoluta</b>.</p><p>Las encuestas sitúan a Juanma Moreno como claro favorito, aunque dejan abierta la incógnita de si alcanzará la mayoría absoluta. En ese escenario, la estrategia del PSOE pasa por tensionar el debate sobre los servicios públicos, especialmente la sanidad, con la aspiración de forzar un resultado que obligue al PP a depender de Vox. El anuncio de Sánchez aporta munición a esa estrategia: 30 millones que refuerzan el discurso socialista y que proceden, además, de <b>un Ejecutivo en el que Montero fue una figura clave hasta hace apenas unas semanas.</b></p><p>Formalmente, este tipo de anuncios son legales fuera del periodo oficial de campaña. Políticamente, sin embargo, vuelven a abrir el debate sobre el <b>uso de los recursos públicos en contextos preelectorales </b>y sobre la delgada línea que separa la acción de gobierno de la estrategia partidista.</p><p>Una línea que la propia Montero denunciaba desde el Senado, aunque aplicada —en su caso— a la actuación del PP. La paradoja es evidente: mientras acusa a sus adversarios de instrumentalizar las instituciones, su propio partido despliega una agenda institucional que, en la práctica, se <b>entrelaza con los objetivos electorales</b>.</p><p>Pero la precampaña socialista desde Madrid no se termina con el anuncio de Sánchez. También se proyecta sobre el terreno legislativo, donde el Gobierno y el grupo parlamentario ya sincronizaron los tiempos hace semanas. El pasado 7 de abril, el Consejo de Ministros aprobó su propuesta de reforma constitucional para blindar el derecho al aborto y, apenas 48 horas después, el <b>PSOE activó en el Congreso la tramitación por la vía rápida para situar el debate en el último pleno antes del arranque oficial de la campaña andaluza</b>. Una aceleración que no responde tanto a la viabilidad de la reforma —que exige mayorías cualificadas hoy inexistentes— como a su potencial político: introducir en la agenda un asunto que moviliza a su electorado y obliga al PP a posicionarse.</p><p>Con este movimiento, que combina iniciativa gubernamental y control del calendario parlamentario, el PSOE intenta introducir al PP en un terreno incómodo, especialmente en comunidades como Andalucía, donde el liderazgo de Juanma Moreno ha intentado pivotar hacia posiciones más moderadas. Al forzar el debate a tan solo 48 horas del comienzo de la campaña, los socialistas buscan tensionar ese equilibrio.</p><p>El PP ya ha registrado su veto a la reforma, lo que la deja sin apenas opciones de prosperar, puesto que el Gobierno no tiene apoyos parlamentarios suficientes para evitarlo. Pero ese es precisamente en ese desenlace donde el<b> PSOE encuentra el rédito político</b>. María Jesús Montero utilizará la negativa del PP como munición electoral, en su caso, por una acción perfectamente sincronizada por los socialistas desde el Congreso aunque, en paralelo, este lunes haya acusado a los populares de instrumentalizar el Senado para torpedear su carrera hacia la Junta.</p>