Moncloa trasslar ihop sig för att stödja tesen om "lynchning": den säger att den respekterar rättvisa men upprepar att "slumpar" inte existerar

<p>El Gobierno se aferra a la tesis de que existe una <b>campaña de "linchamiento"</b> impulsada por la derecha contra <a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/pedro-sanchez.html" title="Pedro Sánchez">Pedro Sánchez</a> para desacreditar las distintas causas judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo y del PSOE. Sin embargo, intentan que ese argumento conviva con una defensa explícita de la independencia judicial. Aunque en Moncloa sostienen que no es una "casualidad" que <b>varias investigaciones que afectan al entorno del presidente hayan coincidido en el tiempo con el juicio de la Kitchen</b>, insisten en que respetan todas las resoluciones judiciales y reivindican que quedaron atrás las etapas en las que la Justicia sufría presiones políticas. Según el Gobierno, los jueces actúan hoy "sin injerencias", una idea que choca con su empeño en presentar la acumulación de causas como parte de una ofensiva política contra el presidente.</p><p>En Moncloa <b>no consideran "casual" el encadenamiento de los acontecimientos judiciales de las últimas semanas</b>. Admiten que les genera "dudas" la coincidencia en el tiempo del juicio de la Kitchen, la imputación del expresidente <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/jose-luis-rodriguez-zapatero.html" title="José Luis Rodríguez Zapatero">José Luis Rodríguez Zapatero</a> y la entrada de la UCO en la sede de Ferraz por el caso Leire. Fuentes gubernamentales hablan de una "sincronización" de episodios que, a su juicio, tiene evidentes consecuencias políticas para el Ejecutivo. "Las casualidades no existen", repiten fuentes gubernamentales, alimentando la sospecha de que detrás de ese calendario puede haber algo más que una mera concatenación de decisiones procesales.</p><p>Sin embargo, el Gobierno evita dar un paso más y señalar directamente a la Justicia. Al contrario, reivindica su respeto a la independencia judicial y sostiene que<b> ambas posiciones son compatibles</b>: defender que los jueces actúan sin injerencias y, al mismo tiempo, cuestionar determinadas resoluciones, decisiones procesales o coincidencias temporales que considera difíciles de explicar. "Son perfectamente compatibles", ha asegurado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.</p><p>Los equilibrios son cada vez más difíciles y en Moncloa miden al milímetro tanto las palabras como el escenario donde se pronuncian. Mientras el ministro de Transportes, <b>Óscar Puente, denunció la semana pasada en los pasillos del Congreso la existencia de "métodos no democráticos"</b> para intentar derribar al Gobierno, la ministra portavoz ha evitado este martes asumir ese marco de forma explícita y se ha limitado a "respaldar" sus declaraciones pero matizando que lo que ella ha "verbalizado" es el "respeto profundo por la justicia". </p><p>Precisamente, este martes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido una declaración institucional para alertar de las "manifestaciones de responsables de altas instituciones del Estado" que cuestionan la independencia de jueces y tribunales. El Ejecutivo, sin embargo, no ha querido verse reflejado en esa advertencia y ha tratado de dirigir el foco hacia el PP. La portavoz ha asegurado que el Gobierno <b>"respeta" el comunicado e incluso comparte la necesidad de "reforzar" la independencia judicial</b>. En alusión implícita a la Kitchen, Saiz ha reivindicado que España ha dejado atrás etapas en las que la Justicia sufría interferencias políticas y que hoy<b> los tribunales actúan "sin injerencias".</b></p><p>"<b>Cuando no se comparte una resolución, se recurre por los cauces previstos en el ordenamiento jurídico</b>", ha asegurado. La dificultad para Moncloa es sostener simultáneamente ese discurso de respeto institucional mientras alimentan la tesis de que existe una ofensiva contra Sánchez articulada a través de una llamativa acumulación de causas judiciales. En Moncloa alegan que hace ya tiempo que dijeron abiertamente que acatarían las sentencias, pero también ejercerían su "legítimo derecho" de opinar dentro de la libertad de expresión. </p>