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<p>Moncloa ha encontrado en el calendario presupuestario uno de los pocos sostenes que le quedan para intentar <b>dotar de contenido político</b> a una legislatura ya condicionada por los frentes judiciales y las dudas sobre la capacidad del Gobierno de lograr mayorías parlamentarias. Con el cerco judicial estrechándose y los socios cada vez más escépticos, Moncloa intenta poner el foco en<b> los pasos previos a presentar los Presupuestos</b> con la intención de transmitir que la legislatura sigue en pie. En este sentido, el vicepresidente y ministro de Economía,<a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/carlos-cuerpo.html" title="Carlos Cuerpo"> Carlos Cuerpo</a>, anunció este miércoles que aprobará el cuadro macroeconómico el próximo 23 de junio, apenas un día antes de que <a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/pedro-sanchez.html" title="Pedro Sánchez">Pedro Sánchez</a> comparezca en el Congreso por los casos de corrupción. A ello se sumará la senda de déficit, otro paso más para la elaboración de las cuentas, que en Moncloa prevén llevar a las Cortes durante la <b>segunda quincena de julio, a las puertas del parón estival</b>.</p><p>El Gobierno intenta así convertir el calendario presupuestario en una suerte de balón de oxígeno, al menos hasta el parón de agosto. Sin embargo, los antecedentes invitan a la cautela. El Ejecutivo de Sánchez lleva<b> </b>toda esta legislatura con los Presupuestos prorrogados y el hecho de activar los primeros pasos del proceso <b>no garantiza, ni mucho menos, que las nuevas cuentas lleguen a materializarse</b>. De hecho, el Gobierno ya ha aprobado en otras ocasiones el cuadro macroeconómico —la última vez a finales del año pasado— sin que eso implicase la presentación de un proyecto presupuestario. </p><p>Lo mismo ocurre con la senda de déficit, que ha sido remitida al Congreso en distintas ocasiones sin que ello se tradujese en avances reales hacia unos nuevos Presupuestos. En esta ocasión, además, la operación tiene una evidente carga política: más que certificar que las cuentas saldrán adelante, permite a Moncloa trasladar la imagen -sobre todo de cara a sus socios- de que la legislatura sigue en marcha y que <b>mantiene la voluntad de agotar el mandato pese a que el cerco judicial</b> y político se estrecha por momentos. </p><p>Cuando PNV y Junts empezaron a reclamar a Pedro Sánchez una salida electoral, el presidente respondió poniendo sobre la mesa esta carta política: los <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/presupuestos-generales-del-estado.html" title="Presupuestos Generales del Estado">Presupuestos Generales del Estado</a>. Moncloa anunció entonces la inminente publicación de la orden de elaboración de las cuentas como una señal de que el Gobierno seguía dispuesto a llegar hasta 2027. Sin embargo, el movimiento apenas alteró el estado de ánimo de sus socios, que <b>recibieron el anuncio con escepticismo</b> después de una legislatura marcada por los Presupuestos prorrogados y varios intentos fallidos de reactivar el calendario presupuestario.</p><p>Tampoco consiguió desplazar el foco político. Las informaciones sobre los distintos casos judiciales que cercan a Moncloa han seguido acumulándose en las últimas semanas, aumentando la presión no solo sobre el Ejecutivo, sino también <b>sobre los partidos que sostienen la mayoría parlamentaria al seguir descartando</b>, por ahora, una moción de censura.</p><p>Ahora, con el llamado caso de las cloacas del PSOE avanzando y con el juez poniendo el foco en los contactos mantenidos con miembros de la Guardia Civil y de la Fiscalía, Moncloa vuelve a recurrir al mismo argumento. En una sesión de control especialmente áspera en el Congreso, marcada por los reproches de la oposición sobre la corrupción, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció que el Consejo de Ministros <b>aprobará el cuadro macroeconómico el próximo 23 de junio</b>, primer paso formal para intentar elaborar unas nuevas cuentas públicas. El mensaje de fondo es el mismo: proyectar que la legislatura mantiene recorrido y ofrecer a los socios un horizonte político distinto al de la crisis permanente que domina la agenda.</p><p>Pero en Moncloa parecen decididos a exprimir hasta el final esta baza. Tras meses evitando una nueva votación sobre la senda de déficit —que el Congreso ya ha tumbado en tres ocasiones durante la legislatura—, el Ejecutivo <b>vuelve a colocar este trámite en el calendario y prevé llevarlo a la Cámara en la segunda quincena de juli</b>o, cuando el curso político esté prácticamente agotado y a las puertas del parón estival.</p><p>El objetivo es ganar algo de oxígeno parlamentario hasta agosto, un mes que tradicionalmente actúa como una tregua política. Sin sesiones de control, sin actividad ordinaria en el Congreso y sin la sucesión semanal de Consejos de Ministros, la presión política tiende a rebajarse y eso es exactamente lo que busca el PSOE. Para un Ejecutivo que atraviesa una de las crisis más complicadas de la legislatura, llegar al verano con el debate presupuestario abierto supone una forma de mantener una cierta iniciativa política y evitar que toda la conversación pública <b>quede monopolizada por los frentes judiciales.</b></p><p>Eso no significa, sin embargo, que el recorrido presupuestario vaya necesariamente a seguir avanzando a partir de septiembre. La experiencia de esta legislatura demuestra que una cosa es activar los trámites y <b>otra muy distinta reunir una mayoría suficiente para culminarlos</b>. Aun así, el Gobierno podría utilizar la vuelta del verano para reactivar las negociaciones con unos socios que, por ahora, se muestran más preocupados por marcar distancias con las investigaciones que afectan al PSOE que por comprometerse con unas nuevas cuentas públicas.</p><p>El calendario puede estirarse durante meses, encadenando reuniones, contactos y trámites parlamentarios que permitan mantener la expectativa de un acuerdo. Todo el tiempo que quiera el Gobierno de Sánchez. Pero cuando las cuentas lleguen al Congreso, si es que finalmente lo hacen, la votación adquirirá inevitablemente una dimensión más. En la práctica, será interpretada como una suerte de cuestión de confianza no declarada. Si el Gobierno constatara entonces que carece de apoyos suficientes, el fracaso presupuestario podría convertirse en el <b>argumento político para activar el botón electoral y justificar un adelanto de las elecciones</b>.</p>