Leire Díez ber att få annullera beslaget av hennes telefon, dator och agendor i UCO:s register

<p>La defensa de la exmilitante socialista <a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/leire-diez.html" title="Leire Díez">Leire Díez</a> ha pedido la <b>nulidad del caso</b> al considerar que su detención el pasado 10 de diciembre fue desproporcionada, que se vulneraron sus derechos fundamentales y que hubo falta de motivación y autorización judicial en las actuaciones policiales y judiciales.</p><p><span>Los abogados de Díez, que está siendo investigada por su presunta implicación en una trama que habría tratado de <b>influir en actuaciones de la justicia y de la Guardia Civil</b>, han presentado un incidente de nulidad de actuaciones de su detención, así como de la información obtenida de los objetos y dispositivos electrónicos, móviles y físicos que se le incautaron.</span></p><p><span>En el escrito al que ha tenido acceso EFE este sábado, firmado por su procurador y abogada, también se pide la <b>nulidad de todas las actuaciones procesales</b>, diligencias y resoluciones judiciales derivadas de la incautación.</span></p><p><span>Según la defensa, la detención de Díez, investigada también por su presunta implicación en operaciones vinculadas a la <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/sepi-sociedad-estatal-participaciones-industriales.html" title="SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales)">SEPI</a> y por su presunta injerencia en los casos judiciales que afectan al presidente Pedro Sánchez y su entorno, <b>se basó en indicios genéricos y no en hechos concretos </b>y se produjo cuando no existía riesgo de fuga ni delito flagrante.</span></p><p><span>Fue por tanto "completamente <b>desproporcionada, injustificada y no ponderada</b> en relación con los derechos de la detenida" y por tanto es "ilegítima" y nula de pleno derecho, ya que vulnera el derecho fundamental a la libertad recogido en el artículo 17 de la Constitución Española.</span></p><p><span>Se produjo además "de manera sorpresiva" y <b>en una calle plenamente concurrida</b> a mediodía, un año después del descubrimiento de los supuestos indicios contra ella, cuando "<b>bastaba con una mera citación</b>" para que compareciera, ya que Díez tiene domicilio conocido en España y es "un personaje público".</span></p><p><span>En el momento de la detención, afirman los abogados, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil <b>carecían de auto judicial habilitante </b>para practicarla y tampoco tenían autorización para incautar y acceder a todo el contenido de los dispositivos incautados tanto en ese momento como en las entradas y registros efectuados paralelamente a la detención.</span></p><p><span>La Guardia Civil incautó el <b>teléfono móvil, archivos, dispositivos y objetos personales</b> de Díez, tanto en su poder como en su vehículo, y se realizaron registros en varios domicilios de la investigada en diferentes provincias, donde se requisaron <b>agendas</b>, libretas, ordenadores y otros documentos.</span></p><p><span>La defensa denuncia que el acceso y volcado de información de los dispositivos electrónicos y físicos de Díez <b>se realizó sin autorización judicial </b>y de forma masiva e indiscriminada, afectando incluso a comunicaciones privadas y familiares, lo que consideran una vulneración del secreto de las comunicaciones.</span></p><p><span>El escrito concluye que todas estas actuaciones han vulnerado derechos fundamentales de la investigada y solicita que <b>se declare la nulidad</b> de pleno derecho de las mismas, con las consecuencias procesales que ello implica, en un caso que podría marcar un precedente sobre los límites de la actuación policial y judicial en investigaciones de corrupción.</span><span></span></p>