Landsrätten kräver utredning av klagomålet mot regeringsdelegaten i Ceuta

<p>La jueza de la <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/audiencia-nacional.html" title="Audiencia Nacional">Audiencia Nacional</a> María Tardón plantea ya investigar una denuncia interpuesta contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, relativa a su actuación frente a la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio. La asociación Hazte Oír presentó esta querella en el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, que ha iniciado diligencias previas. María Tardón se ha dirigido a este juzgado para <b>pedirle que considere la posibilidad de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. </b></p><p>El pasado 7 de septiembre, la magistrada de la Audiencia Nacional dictó un auto en el que asumió la competencia para investigar lo sucedido a finales de julio en Ceuta. En el escrito dictado el viernes pasado y conocido este lunes, la magistrada acuerda precisamente enviar ese auto al Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta "para que, a su vista, <b>valore la pertinencia de inhibirse de sus actuaciones en favor de este juzgado</b>, si se tratase de conductas incluidas en el procedimiento que aquí se sigue". </p><p>Si el juzgado ceutí aceptara inhibirse, recaería sobre la magistrada Tardón investigar las actuaciones del delegado del Gobierno. Hazte Oír presentó la querella el 2 de septiembre y la amplió este domingo. La asociación denuncia diversos hechos, per hay uno en concreto que está vinculado con una de las líneas de investigación que la jueza de la Audiencia Nacional ya ha puesto en marcha: <b>la respuesta a las alertas previas a la entrada masiva emitidas por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI. </b></p><p>Tal y como expone la querella, el Centro Nacional de Inteligencia envió un aviso al jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta el 29 de julio a las 13.52 horas. A través de WhatsApp, el CNI avisó de que en redes sociales se estaba llevando a cabo<b> "un llamamiento para asalto por valla y mar a las 20 horas, aprovechando la Fiesta del Trono" </b>en el Reino de Marruecos. En la conversación se advirtió incluso de que los grupos de Facebook en los que se estaban difundiendo estos mensajes sumaban 180.000 seguidores. </p><p>Según consta en los documentos desclasificados por el Gobierno, el jefe de Gabinete y el miembro del CNI que le puso sobre aviso mantuvieron una llamada telefónica de 11 minutos el mismo 29 de julio. Precisamente el jefe de gabinete presentó el viernes su dimisión alegando lo siguiente: mientras que él asegura que reenvió la alerta del CNI al delegado del Gobierno, este último lo niega.</p><p>Entre otras muchas diligencias, la asociación Hazte Oír reclama que se aporte a la causa la carta de dimisión del jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, y que se le tome declaración como testigo. Los denunciantes exponen que Sanz <b>debe explicar la conversación telefónica que mantuvo con el CNI el 29 de julio</b> a las 21.34 horas y debe aclarar si se informó de la misma al delegado del Gobierno. Asimismo, Hazte Oír considera que Sanz debe aportar en su testifical la información sobre las instrucciones que recibió de Pérez Triano desde la noche del 29 hasta la mañana del 30. </p><p>Asimismo considera relevante la testifical de Sanz para determinar "qué informes y comunicaciones de aviso y alerta se remitieron desde Delegación del Gobierno a los departamentos ministeriales, con expresión de su fecha, cauce y firmante". </p><p>La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ya advirtió el pasado 7 de septiembre de que "habrán de investigarse" las actuaciones que tuvieron lugar "dentro del territorio español", aunque en este momento de la instrucción no las vincula con ningún presunto delito. Esas actuaciones se refieren a la respuesta de España "en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento". </p><p>De hecho, la magistrada ya ha reclamado al Gobierno que remita la documentación desclasificada, incluidos los diversos avisos del CENIF y el CNI. De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas por este periódico, si finalmente hubiera indicios de que una autoridad española con deber de resguardar la seguridad de la frontera conocía la existencia real de un riesgo elevado de la entrada masiva, y si se constatara que esa autoridad no actuó, ello podría comportar un delito de <b>prevaricación administrativa por omisión</b>, sin perjuicio de otros que pudieran surgir a medida que avanza la investigación. </p>