Junts anklagar regeringen för "opacitet" med legaliseringen av invandrare och barnbarnslagen och kräver uppgifter om dess inverkan

<p>El grupo parlamentario <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/junts-per-catalunya.html" title="Junts per Catalunya">Junts </a>ha pedido al Gobierno que aporte datos sobre el impacto demográfico de la<b> regularización de <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/inmigrantes.html" title="Inmigrantes">inmigrantes </a>y de los nacionalizados gracias a la ley de nietos</b>. Los independentistas acusan al Ejecutivo central de "opacidad" con ambas iniciativas, y le exigen que dé explicaciones y justifique estas medidas, pues sostienen que pueden tener "efectos futuros sobre diferentes situaciones jurídicas derivadas de la residencia legal y de la adquisición de la nacionalidad española".</p><p>En la solicitud de información registrada en el <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/congreso-de-los-diputados.html" title="Congreso de los Diputados">Congreso </a>por la diputada Marta Mir, los de <a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/carles-puigdemont.html" title="Carles Puigdemont">Carles Puigdemont </a>reclaman al Gobierno "que haga públicos los<b> estudios, informes y proyecciones demográficas </b>que justifiquen las decisiones impulsadas en materia de nacionalidad". Junts alega que las "decisiones demográficas" no deben tomarse sin una "planificación rigurosa", y en esa línea denuncia que <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/cataluna.html" title="Cataluña">Cataluña </a>puede llegar a afrontar "uno de los cambios demográficos más importantes de las últimas décadas" sin que se hayan dejado claros los efectos. </p><p>Fuentes de la formación catalana señalan, concretamente, a dos iniciativas impulsadas por el Gobierno recientemente: por un lado,<b> la ley de memoria democrática</b> (también conocida como ley de nietos) que desde que entró en vigor en 2022 ha recibido cerca de<b> 2,4 millones </b>de solicitudes de descendientes de exiliados para recibir la nacionalidad española; y, por otro lado, el proceso de <b>regularización extraordinaria </b>que culminó el pasado 30 junio, y que concederá un permiso de un año para vivir y trabajar en España a en torno <b>a un millón de inmigrantes </b>'sin papeles'. Esta última es, para Junts, una medida que se ha impulsado "por la puerta de atrás", es decir, por la vía del real decreto —que no debe convalidarse en la Cámara Baja—, "porque sabía que Junts votaría en contra". Recuerda también que en marzo de 2025 registró una proposición de ley para que el Estado transfiriera las competencias en inmigración a Cataluña y que finalmente fue rechazada con los votos en contra del PP, Vox y Podemos. </p><p>Así, los independentistas catalanes han registrado dos documentos distintos en el Congreso a los que ha tenido acceso este periódico: uno de solicitud de información y otro que recopila varias preguntas. En el primero, le piden al Ministerio del Interior y al de Asuntos Exteriores que aporte "informes o documentación" sobre el número de<b> solicitudes presentadas para nacionalizarse por la ley de nietos</b>, cuántos expedientes han sido <b>admitidos a trámite</b> a día de hoy, cuáles se han resuelto <b>favorablemente</b>, cuáles se han <b>denegado</b>, cuántos quedan <b>pendientes </b>de resolución y el número de inscripciones que se han llevado a cabo en el Registro Civil. Todo ello, exigen, desglosado según el país de origen de los solicitantes e indicando cuántas personas que han accedido a la nacionalidad con esta ley viven en España y cuántas continúan en el extranjero. </p><p>Los mismos datos piden sobre las regularizaciones de inmigrantes (cuántas se han solicitado, admitido, denegado, etc.), pero en este caso los de Puigdemont solicitan también información de las cuatro provincias catalanas (Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona).</p><p>En el texto, Junts subraya la "relevancia" de ambos procesos, que recuerda que inciden sobre diversos registros públicos y que, por ende, requieren una "adecuada planificación de los recursos administrativos necesarios para su gestión". "Pueden tener <b>efectos futuros</b> sobre diferentes situaciones jurídicas derivadas de la residencia legal y de la adquisición de la nacionalidad española", añade el grupo. </p><p>La formación pide al Gobierno que detalle igualmente cuántas de las personas que obtengan una autorización de residencia con la regularización podrán solicitar posteriormente la nacionalidad, desglosando los datos según los distintos plazos previstos en el Código Civil: <b><a href="https://www.20minutos.es/nacional/dos-cada-tres-inmigrantes-regularizados-podran-optar-nacionalidad-espanola-dos-anos_7009896_0.html" title="Dos de cada tres inmigrantes regularizados podrán optar a la nacionalidad española en dos años">dos años para nacionales de países iberoamericanos, </a></b>Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí; cinco años para quienes tengan reconocida la condición de refugiados; y diez años para el régimen general. </p><h2>Cómo afecta al censo electoral</h2><p>En el otro documento registrado también este miércoles, Junts recopila una batería de preguntas parlamentarias para aclarar cómo se determina la adscripción de los nuevos ciudadanos españoles al<b> Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)</b>. El grupo quiere saber si el municipio que el solicitante indica durante el trámite de inscripción se acepta automáticamente o si la Administración realiza algún tipo de comprobación antes de incorporarlo al censo.</p><p>En caso de que sí se produzca esa comprobación previa, la formación pregunta <b>qué criterios se aplican para validar el municipio elegido por el solicitante </b>y qué organismo es el encargado de verificar la información. También reclama que el Gobierno aclare qué administración adopta la decisión final sobre la adscripción electoral de los extranjeros que adquieren la nacionalidad al amparo de la ley de nietos, y si existen "instrucciones, circulares, protocolos, criterios internos o cualquier otro documento" que regulen este trámite de comprobación del municipio elegido por el solicitante y la determinación de la provincia de adscripción electoral. </p><p>También quieren saber en qué supuestos la Administración debe negarse a conceder el municipio que pide el solicitante, qué "criterios objetivos" se aplican cuando la persona interesada acredita vínculos con más de un municipio o provincia de España, y con qué documentación ya sería suficiente para justificar el municipio propuesto por la persona interesada. </p><p>Las preguntas llegan en un contexto de creciente interés por el efecto que la ampliación del acceso a la nacionalidad española puede tener sobre el censo electoral exterior, pues la inscripción en el CERA determina el municipio y la circunscripción por la que estos ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en los procesos electorales españoles. Esto es algo que han criticado varios partidos de la derecha, hasta ahora PP y Vox, que llegaron incluso a acusar al Gobierno de<b> "ingeniería electoral"</b> con estas leyes. </p>