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<p>En el contexto de los debates sobre las <a href="https://www.elconfidencial.com/motor/2026-01-01/zonas-bajas-emisiones-zbe-activas-1-enero-2026-coches-ciudad_4277183/" target="_self">Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) </a>que salpican toda España, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha entrado en liza con un fallo que aboga por la prudencia y por <strong>no olvidar los derechos de las personas afectadas</strong> por las draconianas prohibiciones que establecen. En una sentencia dada a conocer este viernes, el TSJ rechaza un recurso presentado por Ecologistas en Acción y avala el derecho del Ayuntamiento de Valladolid a limitar tanto el tamaño de la ZBE como las restricciones de tráfico previstas en su interior.</p><p>“Dada la naturaleza señaladamente restrictiva del derecho a la movilidad y la libertad de circulación consustancial al establecimiento de una ZBE, no cabe despreciar sin más, o de modo absoluto, <strong>los principios de proporcionalidad o menor restricción</strong> -citados en el Proyecto municipal recurrido- que con carácter general también han de informar la actuación de las administraciones públicas”, según explica el fallo citando a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.</p><p>La sentencia, que tiene <strong>fecha del 29 de junio, </strong>asegura que el proyecto del consistorio vallisoletano “también invoca acertadamente el principio de menor restricción o distorsión -de prudencia- para la actividad económica, en el sentido de que las restricciones no vayan más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido”. Y da por bueno que los <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2025-10-10/barrios-madrid-coches-conductores-dgt_4224818/" target="_self">datos de contaminación</a> existentes no contradicen ese propósito ni lo ponen en cuestión.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/castilla-y-leon/2026-03-19/sentencia-anula-zona-bajas-emisiones-1hms_4323066/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/398/7a8/3987a8b7dfbba0e44b39c3d98b4137cb/el-tsj-anula-la-zona-de-bajas-emisiones-de-valladolid-y-deja-2-000-multas-en-un-limbo-de-incertidumbre.jpg?mtime=1773853458" width="483" height="271"><h3 class="title-related">El TSJ anula la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid y deja 2.000 multas en un limbo de incertidumbre</h3>Vidal Arranz. Valladolid<div class="text-related">El Ayuntamiento prepara "por prudencia" un procedimiento para no imponer sanciones hasta que exista una sentencia firme u otra ordenanza. Los denunciantes hablan de un triunfo de la libertad</div></a></p><p>“En definitiva, el hecho de que la ordenanza trate legítimamente de restringir en la menor medida posible el derecho a la movilidad de los titulares de vehículos con respeto al principio de libertad económica, no conlleva fatalmente que su finalidad no sea la de <strong>mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático</strong>”, como daba por sentado la organización ecologista.</p><strong>El derecho a la salud como réplica</strong><p>Esta es probablemente la parte más relevante de una sentencia que ha levantado ampollas nada más darse a conocer. “<strong>El TSJ de Castilla y León supedita la salud al derecho a circular en automóvil a motor</strong>”, titula su rotundo comunicado de respuesta Ecologistas en Acción, quien anuncia que estudia recurrir la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo.</p><p>La organización ambientalista contrapone de forma radical “<strong>los derechos a la salud y a un medio ambiente adecuado</strong>, reconocidos en <a href="https://www.elconfidencial.com/tags/otros/constitucion-5978/" target="_self">la Constitución Española</a>, a un ilusorio e inexistente derecho a circular por la ciudad en vehículos con motor de explosión”. Pero el tribunal no solo habla del derecho a la movilidad, sino también de los derechos económicos de las personas, reconocidos igualmente en la Constitución.</p><p>El origen de la polémica es la decisión de la corporación municipal PP-VOX, constituida tras las últimas elecciones municipales, de reducir la superficie y las restricciones del proyecto de ZBE que había iniciado la anterior corporación socialista de <strong>Óscar Puente</strong>. El Ayuntamiento del ahora ministro de Transportes aprobó inicialmente el 13 de diciembre de 2022 la ordenanza de una ZBE que <strong>afectaba a 3,1 kilómetros cuadrados de superficie y con 7,70 kilómetros de perímetro</strong>. Pero a los pocos meses de llegar al Ayuntamiento, la nueva corporación resultante de las elecciones de 2023, ordenó incoar un nuevo expediente el 7 de noviembre de ese mismo año.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/castilla-y-leon/2026-02-03/vertedero-residuos-santovenia-ampliacion-1hms_4294293/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/9ee/476/9ee476f9464da5f008a78d81ac40ccdd/el-unico-vertedero-de-residuos-toxicos-de-cyl-encara-la-enesima-batalla-legal-no-hay-espacio-para-mas-desechos.jpg?mtime=1770048075" width="483" height="271"><h3 class="title-related">El único vertedero de residuos tóxicos de CyL encara la enésima batalla legal: no hay espacio para más desechos</h3>Vidal Arranz. Valladolid<div class="text-related">Tras más de treinta años de actividad, las instalaciones de Santovenia están casi colmatadas y los promotores quieren darles una nueva vida para otros 4-6 años, pero Ecologistas en Acción se prepara para impedirlo en los tribunales</div></a></p><p>El motivo que se argumentó fue la necesidad de adaptar el proyecto al<a href="https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-22689" target="_blank"> Real Decreto del Gobierno del 27 de diciembre de 2022</a>, que establecía condiciones nuevas que no había podido tener en cuenta la ordenanza socialista, por ser anterior. Pero el nuevo expediente se aprovechó para reducir el tamaño y las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones. La nueva ZBE (la todavía vigente) ocupa una superficie de 1,1 kilómetros cuadrados, una tercera parte de la idea original, y tiene un perímetro de 4,70 kilómetros,<strong> lo que supone un 40% menos</strong>.</p><p>Ecologistas en Acción argumentaba que tales cambios suponían <strong>una regresión medioambiental</strong> que exigía autorización de la <a href="https://www.elconfidencial.com/tags/lugares/castilla-y-leon-8265/" target="_self">Junta de Castilla y León</a>, tal y como establece la legislación estatal. Pero el TSJ entiende que no se da el caso, pues aquella primera ordenanza no llegó a entrar en vigor de forma efectiva. Por eso mismo no puede hablarse de que se redujera una protección existente, o que se haya producido ningún retroceso medible.</p><strong>Implantación progresiva</strong><p>El tribunal valida también la totalidad de las exenciones a las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento que acordó el Ayuntamiento vallisoletano, como, por ejemplo, la autorización de acceso a vehículos de profesionales que presten servicios o entreguen o recojan suministros en la zona, incluyendo los de entrega de medicamentos a centros sanitarios y oficinas de farmacia, así como <strong>el acompañamiento escolar a menores de 16 años</strong>. El Tribunal castellano y leonés entiende que una Zona de Bajas Emisiones requiere una implantación progresiva y que el calendario propuesto por el Ayuntamiento es congruente con los objetivos de <a href="https://www.elconfidencial.com/tags/organismos/union-europea-4096/" target="_self">la Unión Europea para 2030</a>.</p><p>La principal novedad de la sentencia radica en que entra en el fondo del asunto recurrido por Ecologistas en Acción. Lo que no ocurrió con otro recurso, interpuesto por la asociación Liberum, que ya provocó hace varios meses <strong>una sentencia de nulidad </strong>de la ordenanza PP-Vox, debido a varios incumplimientos formales por parte del <a href="https://www.elconfidencial.com/tags/lugares/valladolid-3612/" target="_self">Ayuntamiento vallisoletano</a>, el principal de los cuales es que aprobó al mismo tiempo el proyecto de ZBE y la ordenanza, cuando el proyecto debería haber ido primero. Aunque la sentencia está recurrida, el gobierno municipal anunció en su momento una ‘suspensión temporal’ de las sanciones en tanto en cuanto se resuelva la legalidad de la Zona de Bajas Emisiones vallisoletana.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/castilla-y-leon/2025-09-13/trama-eolica-corrupcion-castilla-leon-1hms_4208067/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/6b5/14b/6b514b6b6c5b222f9d5f7b4d9fa9ea09/75-m-en-mordidas-100-parques-eolicos-y-15-imputados-juicio-al-gran-caso-de-corrupcion-de-castilla-y-leon.jpg?mtime=1757697957" width="483" height="271"><h3 class="title-related">75 M en mordidas, 100 parques eólicos y 15 imputados: juicio al gran caso de corrupción de Castilla y León</h3>Vidal Arranz. Valladolid<div class="text-related">Diez años después de que se destapara la Trama Eólica comienza el juicio, que se prolongará hasta finales de enero. La Fiscalía pide en total 138 años de cárcel y 848 millones en multas</div></a></p><p> </p><p>Las dos sentencias, de resultados contrapuestos,<strong> reflejan bien la tensión que despiertan las ZBE</strong>. Por un lado, colectivos como Liberum, que aspiran a impedir que se pongan en marcha, pese a ser una obligación legal, y, por otro, <a href="https://www.elconfidencial.com/medioambiente/soy-eco/" target="_self">colectivos como Ecologistas en Acción</a>, que abogan por planteamientos de máximos. Entre el cero y el absoluto, el TSJ de Castilla y León intenta con su fallo aportar un punto de prudencia que dejará insatisfechos a casi todos.</p><img src="https://sb.scorecardresearch.com/b?c1=2&c2=7215267&ns__t=1783136736&ns_c=UTF-8&c8=Espa%C3%B1a&c7=https%3A%2F%2Frss.elconfidencial.com%2Fespana%2F&c9=https%3A%2F%2Fwww.elconfidencial.com%2F" width="1" height="1">