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<p>Una cláusula de última hora amenaza el traspaso a Galicia de la AP-9, <strong>la gran autopista que vertebra la comunidad autónoma de norte a sur</strong>. Diez años después de que el Parlamento de Galicia aprobara por unanimidad <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/galicia/2025-12-22/audasa-peajes-puente-rande-supremo-1hms_4269895/" target="_self">una reclamación histórica,</a> la ley que la plantea llegará el jueves al pleno del Congreso, pero el consenso se ha roto por el camino. Saltó por los aires después de un pacto entre PSOE, BNG y Sumar que altera la proposición inicial acordada en Galicia y que, según el PP, modifica las consecuencias económicas. Nacionalistas y socialistas de un lado y los populares del otro se acusan mutuamente de<strong> “traición”.</strong></p><p>Todo se torció el pasado martes en la Comisión de Transportes del Congreso, en la que se dio luz verde al informe de la ponencia de la ley para transferir la gestión y la titularidad de la autopista. La base de la norma es la proposición original que la asamblea gallega impulsó por unanimidad, pero el documento que llegará al Pleno del Congreso <strong>incluirá las enmiendas introducidas por PSOE, BNG y Sumar</strong> durante su paso por la Comisión de Transportes. Entre esas modificaciones se incluye expresamente la <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/galicia/2025-09-23/el-peaje-infinito-nuevo-frente-de-la-xunta-contra-puente-por-la-ap9_4212621/" target="_self">imputación a la Xunta del coste de cualquier cambio futuro en los peajes o la concesión,</a> lo que provocó la ruptura del consenso y el voto en contra del PP, al que se sumó Vox.</p><p>La propuesta del Parlamento de Galicia permaneció durante mucho tiempo bloqueada en el Congreso, principalmente por la resistencia socialista a incluir tanto la gestión como el traspaso de la vía, como se reclamaba desde la Cámara autonómica. El acuerdo de las tres fuerzas políticas de izquierdas allanó el camino para que la ley siga su tramitación, pero con <strong>unos cambios que los populares entienden como una “trampa” </strong>que imputa a las arcas autonómicas cargas no previstas.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/galicia/2024-05-03/autopista-gallega-bruselas-diana-indemnizacion-transportes_3875603/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/a17/4ba/a174bad0b6511e7df2073e8dbeb1e8b2/la-autopista-gallega-que-bruselas-tiene-en-la-diana-la-indemnizacion-que-asusta-a-transportes.jpg?mtime=1714405410" width="483" height="271"><h3 class="title-related">La autopista gallega que Bruselas tiene en la diana: la indemnización que asusta a Transportes</h3>Pablo López. Vigo<div class="text-related">El expediente por la ampliación de la concesión aprobada sobre la AP-9 en el año 2000 abre un posible agujero de 1.000 millones de euros</div></a></p><p>La Xunta avala al PP y cifra en <strong>4.000 millones de euros la cantidad que está en juego</strong>. La factura es muy superior a los 2.355 millones en los que el Gobierno de <strong>Alfonso Rueda </strong>estimaba en 2024 la rescisión del c<a href="https://www.elconfidencial.com/espana/galicia/2024-09-01/nueva-concesion-rescate-vias-comision-crisis-ap9_3952566/" target="_self">ontrato de explotación del que disfruta Audasa hasta 2048</a>. Las razones de ese incremento tienen que ver con decisiones polémicas sobre ese contrato, entre ellas la subida adicional extraordinaria de un 1% anual acumulable en el precio de los peajes hasta 2038, concedida en 2011 a cambio de inversiones en la ampliación del vial en Rande y en la circunvalación de Santiago.</p><p>Aquella medida fue <strong>aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero</strong> dos días antes de las elecciones generales en las que <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/2008-02-26/rajoy-vence-a-zp_958834/" target="_self">vencería el PP de Mariano Rajoy.</a> Según la Xunta, la supresión de esa subida formaba parte del acuerdo para la transferencia de la autopista. El Gobierno gallego incluye en sus cuentas más de 900 millones de euros para aplicar bonificaciones de peajes exigidas por el Parlamento gallego, para extenderlas a familias numerosas, a todas las categorías de transportes pesados y a los viajes en horario nocturno.</p>Hasta 2048<p>Sobre la AP-9 pesa además la incógnita sobre los efectos jurídicos de otra medida, esta adoptada en 2000 por el Gobierno que presidía <strong>José María Aznar</strong>, por la que se amplió la concesión de la autopista por 25 años adicionales hasta 2048. La Comisión Europea ha declarado <strong>ilegal esa prórroga por otorgarse sin concurso público</strong>. Bruselas exige a España que corrija la irregularidad, pero <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/galicia/2024-09-01/nueva-concesion-rescate-vias-comision-crisis-ap9_3952566/" target="_self">la incertidumbre jurídica</a> pasa tanto por la pérdida por parte de Audasa del lucro cesante, lo que abarataría el rescate público, como por una posible reclamación millonaria de la concesionaria, que ha anunciado que emprendería acciones en los tribunales en caso de perder la explotación anticipadamente.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/galicia/2023-09-11/el-interminable-traspaso-a-la-xunta-de-la-principal-autopista-gallega-abre-nuevo-capitulo_3731888/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/a14/717/a14717b85a83b62e94c1c143518c8e60/el-interminable-traspaso-a-la-xunta-de-la-principal-autopista-gallega-abre-nuevo-capitulo.jpg?mtime=1694189555" width="483" height="271"><h3 class="title-related">El interminable traspaso a la Xunta de la principal autopista gallega abre nuevo capítulo</h3>Pablo López. Vigo<div class="text-related">Dos iniciativas legislativas instan a Sánchez a realizar una transferencia que quedó en suspenso con la convocatoria electoral del pasado verano. La vía concentra en su entorno el 80% de la actividad económica gallega</div></a></p><p>El texto pactado en el Congreso establece que la Administración General del Estado<strong> asumirá las obligaciones económicas y financieras</strong> derivadas de decisiones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia, con los limites vigentes a la fecha del traspaso. El motivo del conflicto se deriva del párrafo siguiente del acuerdo, en el que se señala que será la comunidad autónoma la que asumirá los costes de cualquier modificación o rebaja de peajes que se apruebe después de hacerse efectiva la transferencia.</p><p>En la comisión del Congreso en la que se rompió el consenso, el diputado del PP <strong>Celso Delgado</strong> denunció indicios de inconstitucionalidad en el texto finalmente aprobado, que obliga a negociar las condiciones concretas del traspaso en la Comisión Mixta de Transferencias. Para los populares, esto supone “un cambio total” de la ley orgánica consensuada en su día por los diputados gallegos, de la que según denunció desaparecen disposiciones “clave”, entre ellas las obligaciones económicas en caso de la nulidad de la prórroga del peaje hasta 2048. <strong>El PP tachó el acuerdo de “pacto de traidores”, por rebajar en su opinión las reclamaciones desde Galicia.</strong></p><p>Los tres grupos que impulsaron las enmiendas afearon al PP su postura, al defender que el texto aprobado “cumple todos los criterios acordados por el Parlamento de Galicia en varias ocasiones”, en palabras de <strong>Néstor Rego</strong>, del BNG. Pero el conflicto político creció este miércoles en Santiago, donde lo sucedido el día anterior en el Congreso se abrió paso en el debate de la Cámara autonómica. “Hace menos de 24 horas, PSOE y BNG consumaron la mayor de las traiciones a Galicia”, acusó el popular <strong>Roberto Rodríguez</strong>, “al <strong>prostituir la voluntad de los gallegos expresada unánimemente”.</strong> Los grupos de la oposición también usaron la palabra traición para referirse al “pacto de la vergüenza” entre el PP y Vox.</p><p>“Hace menos de 24 horas, PSOE y BNG consumaron la mayor de las traiciones a Galicia”, acusó el popular Roberto Rodríguez, “al prostituir la voluntad de los gallegos expresada unánimemente"</p><p>El diputado del BNG <strong>Luís Bará</strong> calificó la actitud del PP de<strong> “afrenta a Galicia</strong>”. Aseguró que la ley “rompe la resistencia del centralismo para conseguir la transferencia con todas las competencias sobre la autopista”, e imputa al Estado “todas las consecuencias de las decisiones tomadas sobre la AP-9”, por lo que pidió a los populares que dejen “de mentir y engañar”. El socialista <strong>Carlos López Font,</strong> mientras, acusó a la formación de Alfonso Rueda de usar el acuerdo como <strong>“un elemento más de confrontación con el Gobierno”</strong> y de seguir la estrategia del presidente del PP, <strong>Alberto Núñez Feijóo</strong>, “al que poco le importan los intereses de Galicia”.</p><p>La aspiración histórica de la transferencia de la gran autopista gallega llega así al Congreso con tantas posibilidades de ser aprobada como dificultades para que las negociaciones para su traspaso lleguen a buen puerto.</p><img src="https://sb.scorecardresearch.com/b?c1=2&c2=7215267&ns__t=1782013535&ns_c=UTF-8&c8=Espa%C3%B1a&c7=https%3A%2F%2Frss.elconfidencial.com%2Fespana%2F&c9=https%3A%2F%2Fwww.elconfidencial.com%2F" width="1" height="1">