Den påtvingade karantänen på sjukhuset Gómez Ulla skulle kräva tillstånd av en domare: "Det begränsar rörelsefriheten"

<p>La cuarentena obligatoria para los pasajeros españoles del crucero en el que ha surgido un brote de <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/hantavirus.html" title="Hantavirus">hantavirus</a><b> requeriría de la autorización o ratificación de un juez</b>. La ministra de Sanidad, <a href="https://www.20minutos.es/tags/autores/monica-garcia.html" title="Mónica García">Mónica García</a>, ha apelado este jueves por la mañana a la "responsabilidad" de los viajeros del MV Hondius, pero dejó claro que el Gobierno tiene "herramientas legales para proteger a la salud pública". La titular de Sanidad aludió directamente a la ley de medidas de salud pública de 1986, que prevé determinadas medidas a adoptar por las "autoridades sanitarias" ante situaciones de "urgencia o necesidad".</p><p>Fuentes jurídicas consultadas por este periódico sostienen que la imposición de un confinamiento para los ciudadanos españoles que desembarquen del MV Hondius <b>requerirá "una resolución administrativa sanitaria" y "la autorización o ratificación judicial".</b> Se trata de una realidad que reconocen también fuentes del ministerio de Mónica García. Esta cartera está preparando un informe jurídico de cara a avalar este posible confinamiento. </p><p>El abogado especializado en Derecho Sanitario Ricardo de Lorenzo coincide en que existe la posibilidad de aprobar la cuarentena siempre que se haga con respaldo judicial: "La ministra tiene razón en una cosa: existen instrumentos legales para imponer medidas sanitarias. Pero no ha añadido que<b> cuando la medida pasa a ser coactiva,</b> afecta a personas determinadas y restringe su libertad deambulatoria, debe activarse el control judicial". </p><p>La ley citada por la ministra este jueves es aplicable ante<b> "razones sanitarias de urgencia o necesidad"</b> y habilita a "las autoridades sanitarias competentes" a adoptar medidas de "hospitalización o control" ante un posible "peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas". </p><p>Existe un precedente claro del uso de esta norma, inmediatamente anterior al primer estado de alarma. En febrero de 2020, más de 800 personas fueron confinadas en un hotel de Tenerife ante varios casos de Covid-19. En aquel momento, la "autoridad competente" que ordenó la cuarentena fue la Consejería de Salud de Canarias y la medida tuvo que ser ratificada por dos juzgados diferentes. </p><p>El abogado Ricardo de Lorenzo explica que la ley de medidas de salud no "no permite una cuarentena obligatoria al margen de las garantías judiciales, cuando afecta a derechos fundamentales". Expone que el artículo 8.6 de la ley de jurisdicción Contencioso Administrativa "atribuye a los juzgados de lo Contencioso Administrativo la autorización o ratificación de las medidas sanitarias urgentes y necesarias para la salud pública que impliquen<b> limitación o restricción de derechos fundamentales</b> y que además se dirijan a <b>personas concretas e identificables</b>". </p><p>Fuentes del Ministerio de Sanidad admiten este último extremo: "Es evidente que las medidas que establezcan la restricción de derechos fundamentales quedan sujetas a la autorización judicial". Desde la cartera de Mónica García explican que las competencias atribuidas en materia de sanidad deben "ajustarse al <b>principio de proporcionalidad</b> como garantía esencial frente a la restricción de derechos fundamentales". Con todo, añaden que "es admisible realizar cuarentenas, incluso sin que haya un periodo de audiencia previa con los afectados". </p><p>La cartera de Sanidad defiende igualmente que la "autoridad competente" para aprobar el confinamiento en el hospital Gómez Ulla es el Ejecutivo central. En el precedente del hotel de Tenerife, fue el Gobierno de Canarias quien ordenó la cuarentena. Sin embargo, el abogado Ricardo de Lorenzo explica que en 2025 se modificó la ley General de Salud Pública y se establecieron nuevas competencias para el Ministerio de Sanidad "en vigilancia de la salud pública y en preparación y respuesta ante amenazas para la salud pública". Entre otras cuestiones, la norma estableció que corresponde al ministerio que ahora dirige Mónica García "la gestión de alertas de carácter supraautonómico o que puedan trascender del territorio de una comunidad autónoma", así como la gestión de alertas "que procedan de la Organización Mundial de la Salud". </p><p>Fuentes del Ministerio de Sanidad destacan por su parte que la ley General de Sanidad atribuye al Estado "<b>la competencia exclusiva en materia de sanidad exterior</b>, así como la potestad de coordinación de todas las Administraciones ante situaciones de riesgo de incidencia nacional o internacional". </p>