Conde-Pumpidos tur: Författningsdomstolens ordförande distanserar sig för första gången från regeringen med "barnbarnslagen"

<p>El <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/tribunal-constitucional.html" title="Tribunal Constitucional">Tribunal Constitucional</a> (TC) se ha desmarcado del Gobierno en un asunto de gran trascendencia política por primera vez desde que lo preside el ex fiscal general del Estado <a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/candido-conde-pumpido-touron.html" title="Cándido Conde-Pumpido Tourón">Cándido Conde-Pumpido</a>. El órgano de garantías ha rechazado tan si quiera debatir el recurso que presentó el Defensor del Pueblo para intentar que 163.000 nacionalizados en virtud de la 'ley de nietos' puedan votar en las elecciones del 29N, <b>un derecho suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo</b>. </p><p>Este miércoles tuvo lugar en el Pleno del Constitucional un hecho que se puede considerar extraordinario: en una votación políticamente relevante, el bloque progresista se fracturó en dos, de modo que diez de los doce magistrados del Constitucional votaron en contra de la admisión del mencionado recurso. La votación no solo rompe con el habitual resultado —siete progresistas contra cinco conservadores— de los debates históricos de los últimos años, sino que también supone un <b>giro de guion en el habitual alineamiento </b>del presidente Conde-Pumpido y el bloque progresista con los intereses del Ejecutivo de Pedro Sánchez.</p><p>En los últimos años, el Constitucional ha dado su respaldo a numerosas leyes impulsadas por el Ejecutivo, como la ley de vivienda, la de la eutanasia, la 'ley rider' o la 'ley Celaá'. Pero no se ha quedado ahí, pues el <b>TC también ha corregido al Tribunal Supremo</b> en varias resoluciones clave y comprometedoras para el Gobierno o el PSOE. </p><p>En 2024, anuló las condenas a los dirigentes socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chaves por el caso de los <b>ERE de Andalucía</b>, dictadas por la Audiencia de Sevilla y confirmadas por el Supremo. Después, avaló la constitucionalidad de la <b>ley de la amnistía</b> y este mismo octubre corrigió la interpretación del Supremo forzando a aplicar la medida de gracia a los líderes del <i>procés</i> condenados o procesados por malversación<i>.</i> </p><h2>Cuatro años de "celeridad" bajo el mandato de Pumpido</h2><p>Cándido Conde-Pumpido <a href="https://www.20minutos.es/noticia/5091343/0/conde-pumpido-advierte-de-que-la-constitucion-no-admite-la-secesion-en-su-estreno-como-presidente-del-tc/" title="Conde-Pumpido advierte de que &amp;quot;la Constituci&amp;oacute;n no admite la secesi&amp;oacute;n&amp;quot; en su estreno como presidente del TC">juró el cargo de presidente en enero de 2023</a>, hace casi cuatro años, y rompió una tradición histórica del Constitucional al aupar a la presidencia a una magistrada de su mismo bloque, la progresista Inmaculada Montalbán. Advirtió desde aquel momento de<b> la "celeridad" con la que quería resolver</b> asuntos que llevaban demasiado tiempo cogiendo polvo en los cajones del órgano de garantías. </p><p>En febrero de ese mismo año dio la señal más clara de que cumpliría con su propósito:<b> el Constitucional avaló la ley del aborto aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010</b> y recurrida en aquel momento por el Partido Popular. Puso fin de ese modo a la dilación más larga de la historia del tribunal. Ya en aquella votación se dejó ver la clara división entre el grupo progresista y el conservador, que por entonces contaba tan solo con cuatro magistrados. </p><p>Al cabo de un año, el TC avaló también la reforma de la ley del aborto, recurrida por Vox, que permite la interrupción del embarazo a las jóvenes de 16 y 17 años sin necesidad de consentimiento paterno. El resultado fue idéntico al de la otra votación. </p><p>En marzo de 2023, poco después de resolver sobre la ley del aborto de Zapatero, el Pleno dio su visto bueno a la ley de la eutanasia, también recurrida por Vox. En esta ocasión, dos magistrados del bloque conservador se unieron al criterio de los progresistas. "La Constitución ampara un<b> derecho de autodeterminación</b> que permite a la persona decidir de manera libre, informada y consciente el modo y momento de morir en situaciones medicamente contrastadas de enfermedades terminales o gravemente incapacitantes", sentenció entonces el órgano de garantías, respaldando de nuevo una norma impulsada por el Ejecutivo. </p><p>No pasó un mes y otra norma impulsada por el Gobierno —en este caso la ley educativa bautizada 'ley Celaá', aprobada por el Congreso en diciembre de 2020— recibió el aval del TC. Tras el verano de 2023, <b>el órgano que preside Conde-Pumpido dio su aval a la 'ley rider' de 2021</b> y también al impuesto a las grandes fortunas, de nuevo dividido en bloques. </p><p>En mayo de 2025, el Ejecutivo contempló de nuevo como otra de sus normas pasaba el filtro de constitucionalidad gracias al apoyo del sector progresista. En este caso fue la <b>ley de vivienda</b>, avalada prácticamente en su totalidad un año después de su aprobación. El Pleno rechazó el recurso de la Junta de Andalucía a excepción de lo referido a un artículo que regulaba la vivienda protegida. </p><p>En julio de 2024 tuvo lugar en el Pleno otro debate histórico, el de los recursos de los dirigentes socialistas condenados por el caso ERE de Andalucía, confirmadas por el Tribunal Supremo. La mayoría progresista se impuso de nuevo y<b> anuló las condenas impuestas a Chaves y Griñán.</b> </p><p>Llegado el mes de noviembre, el Constitucional mantuvo el ritmo acelerado que había augurado su presidente y abordó el debate sobre las restricciones a la movilidad durante la pandemia, que recibieron el aval del TC. Fue una votación especialmente llamativa porque supuso<b> un giro de 180 grados respecto a la doctrina que había aplicado el mismo órgano tres años atrás</b>, con un presidente y unas mayorías diferentes. El ponente de la sentencia fue Juan Carlos Campo, aupado al Constitucional tras ser ministro de Justicia de Pedro Sánchez. </p><p>A comienzos de 2025, el órgano de garantías estimó un recurso, interpuesto precisamente por Pedro Sánchez, contra la ley de la Comunidad de Madrid que limitaba la personación de las asociaciones de colectivos LGTBI como partes interesadas en procesos penales y procesos administrativos sancionadores. Por aquel entonces, hacía tiempo que estaba claro que <b>el Tribunal Constitucional acabaría teniendo la última palabra sobre la ley de amnistía</b> aprobada como contrapartida a la investidura de Pedro Sánchez. </p><p>La decisión llegó en junio de 2025: la mayoría progresista se impuso y dio su aval a la norma, rechazando de plano el recurso del Partido Popular. "El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explicita o implícitamente", subrayó el tribunal, despejando así el camino a una figura jurídica que no está contemplada en la Carta Magna, pero tampoco expresamente prohibida. </p><p>No obstante, el paso decisivo del TC respecto de la amnistía tuvo lugar el pasado 6 de octubre, cuando una sentencia de la que fue ponente Conde-Pumpido <b>declaró amnistiable la malversación del <i>procés</i></b>, despejó el camino de vuelta a España a Carles Puigdemont y enmendó por completo la interpretación realizada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Aquella resolución agrandó la brecha abierta entre ambos órganos a raíz de la sentencia de los ERE, sumiéndolos en <a href="https://www.20minutos.es/nacional/aplicacion-amnistia-lleva-ruptura-total-entre-constitucional-supremo_7051151_0.html" title="La aplicación de la amnistía lleva a la ruptura total entre el Constitucional y el Supremo">un enfrentamiento jurídico inédito</a>. </p><p>Un día después de conocer las durísimas críticas que le devolvió la Sala Segunda por el asunto de la amnistía, Conde-Pumpido ha optó este miércoles por desmarcarse por completo de los intereses del Gobierno y <b>no entrar a corregir al Supremo en el asunto de la 'ley de nietos'</b>. El alto tribunal decidió paralizar el derecho a voto de los nacionalizados a través de esta norma que no puedan acreditar que sus ascendientes son españoles que huyeron del país y perdieron su nacionalidad por motivos políticos, en plena represión del franquismo y la guerra civil. </p><p>Se trata de una medida cautelar adoptada por el Supremo mientras aborda el debate jurídico de fondo: sobre la instrucción dictada por Sofía Puente por la que se presume que todos los huidos de España entre 1936 y 1955 son exiliados políticos. El Supremo<b> mantiene abierto hasta el viernes un plazo para que los perjudicados por su decisión cautelar presenten las correspondientes alegaciones</b>. </p><p>Esto ha llevado a una holgada mayoría del Constitucional —diez de los doce magistrados— a considerar que es un momento "prematuro" para admitir un recurso de amparo contra la decisión cautelar del Tribunal Supremo. Con ello, el Pleno ha cerrado definitivamente las puertas a que los nacionalizados que se acogieron a la instrucción de Sofía Puente puedan votar en las elecciones del 29 de noviembre. </p>