Nyheter
•
3 tim sedan
Andalusien uppskattar effekten av det statliga registret som upphävts av Högsta domstolen till 500 miljoner euro
Styrelsen kräver att centralregeringen träffar CCAA för att klargöra vad som händer med de tusentals filer som redan behandlats och vem som står för kostnaderna för det som avbröts
Originalkälla
Publicerad av El Confidencial
25 maj 2026, 05:00
Denna artikel har översatts automatiskt från spanska. Klicka på länken ovan för att läsa originaltexten.
Visa originaltext (spanska)
Rubrik
Andalucía cifra en 500 M€ el impacto del registro estatal tumbado por el Supremo
Beskrivning
La Junta reclama al Gobierno central que se reúna con las CCAA para aclarar qué pasa con los miles de expedientes ya tramitados y quién asume los costes de lo anulado
Innehåll
<p>La Junta de Andalucía maneja una primera estimación del impacto económico provocado en la comunidad por el registro estatal de alquileres de corta duración que acaba de tumbar el Tribunal Supremo. Según datos de la <a href="https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoyandaluciaexterior.html" target="_blank">Consejería de Turismo de la Junta</a>, a los que ha tenido acceso El Confidencial, el coste potencial supera los <strong>500 millones de euros</strong> en Andalucía. La cifra combina <strong>costes directos y administrativos</strong>, estimados en al menos <strong>seis millones</strong>, otros gastos asociados a la tramitación registral y, especialmente, un <strong>lucro cesante potencial</strong> cercano a los <strong>500 millones</strong> por alojamientos que no pudieron acceder al sistema estatal pese a estar inscritos en el registro autonómico. La Junta señala que se trata de datos elaborados con criterios de prudencia y contrastados con el sector,</p><p>La estimación llega apenas un día después de que el alto tribunal haya <a href="https://www.elconfidencial.com/inmobiliario/residencial/2026-05-21/registro-unico-tribunal-supremo-alojamientos-corta-turacion_4359115/" target="_self">anulado la norma del Gobierno</a> al considerar que carece de competencias para imponer una regulación nacional sobre los registros autonómicos ya existentes. La sentencia estima parcialmente el recurso presentado por la <strong>Generalitat Valenciana</strong> contra el <strong>Real Decreto 1312/2024</strong>, aprobado en diciembre, y tumba únicamente los preceptos que creaban ese registro estatal.</p><p>La batalla judicial no la libra en solitario esta región. Fueron cuatro —<strong>Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia</strong>— las que recurrieron el registro estatal con argumentos sustancialmente idénticos, centrados en la <strong>invasión de competencias autonómicas</strong> y en la duplicidad con los registros turísticos ya existentes. El Supremo, sin embargo, no acumuló los procedimientos, de modo que habrá <strong>cuatro resoluciones separadas</strong>. La primera conocida estima parcialmente el recurso valenciano y anula los preceptos que creaban el registro único, por lo que en las comunidades recurrentes se da por hecho que los otros fallos seguirán el mismo criterio.</p><p>El fallo no desmonta todo el sistema diseñado por el Ejecutivo. El Supremo mantiene la <strong>ventanilla única digital de arrendamientos</strong>, las obligaciones de transmisión de información por parte de las plataformas en línea y el envío de datos con fines estadísticos. La caída se limita al <strong>registro único</strong>, que era la pieza más sensible desde el punto de vista competencial.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/inmobiliario/residencial/2026-05-21/registro-unico-tribunal-supremo-alojamientos-corta-turacion_4359115/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/7f0/b67/7f0b67c45cd04837891695b7b43f6e14/el-ts-anula-el-registro-unico-estatal-de-pisos-turisticos-por-invasion-de-competencias.jpg?mtime=1779364732" width="483" height="271"><h3 class="title-related">El TS anula el registro único estatal de pisos turísticos por invasión de competencias </h3>E.S.<div class="text-related">El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad del procedimiento de registro único de arrendamientos de corta duración comercializados a través de plataformas digitales</div></a></p><p>La sentencia tiene especial lectura territorial porque golpea de lleno a las comunidades con mayor volumen de alojamientos turísticos. <strong>Andalucía es la autonomía más afectada en términos absolutos</strong>, con unas <strong>96.176 viviendas de uso turístico</strong>, de las que más de <strong>48.000 se concentran en Málaga</strong>, principal bolsa del fenómeno en España. Le siguen la <strong>Comunidad Valenciana</strong>, con unas <strong>63.190</strong> y Alicante como gran foco; <strong>Cataluña</strong>, con <strong>56.851</strong>, sobre todo en Girona y Barcelona; <strong>Canarias</strong>, con <strong>50.686</strong>; y <strong>Baleares</strong>, con <strong>24.361</strong>, según el INE (Instituto Nacional de Estadística)</p><p>Las cifras que maneja la Consejería son algo menores y apunta a <strong>71.852</strong> unidades registradas en Andalucía en el sistema estatal, de acuerdo con los últimos datos trasladados por <strong><a href="https://www.registradores.org/" target="_blank">Registradores de España</a></strong>. Solo el coste directo de cada solicitud, estimado en unos <strong>32 euros</strong>, habría supuesto un desembolso mínimo de <strong>2,29 millones de euros</strong> para los propietarios andaluces. A esa cantidad se suma el gasto en notas simples para obtener el <strong>Código Registral Único (CRU)</strong>. Turismo calcula que alrededor del <strong>80% de las viviendas inscritas</strong> tuvo que solicitar ese documento, con un coste mínimo de <strong>10,95 euros</strong> por petición, lo que añade otros <strong>629.925 euros</strong>. Si se incluyen también las notas simples solicitadas por viviendas posteriormente revocadas o rechazadas, el impacto agregado en esta categoría ascendería a <strong>811.826 euros</strong>.</p><p>El departamento añade el coste de la asistencia profesional. Según sus cálculos, un <strong>20% de los titulares inscritos</strong> recurrió a gestores administrativos o despachos especializados por las dificultades técnicas del procedimiento o por desconocimiento del sistema, con un coste medio de <strong>150 euros por expediente</strong>. Esa partida supone <strong>2,15 millones de euros</strong>, a los que se añaden <strong>467.213 euros</strong> correspondientes a viviendas revocadas o rechazadas cuyos titulares habrían abonado al menos parte de esos servicios. En conjunto, el impacto económico en gestoría y asistencia profesional rondaría los <strong>2,62 millones de euros</strong>.</p><p></p><div class="articlephoto news-width-text"><img class="eclazy news-img-def " src="https://images.ecestaticos.com/DHbl8WrHD-cWbe1vt5zgP5u3Mk4=/0x0:2223x1501/1338x903/filters:fill(white):format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F8bf%2F01e%2F389%2F8bf01e3898f40d1687054001d8609990.jpg" alt="Exterior de un piso turístico en el centro de Madrid (Jesús Hellín/Europa Press)" width="1338" height="903"><img class="news-img-def " data-src="https://images.ecestaticos.com/DHbl8WrHD-cWbe1vt5zgP5u3Mk4=/0x0:2223x1501/1338x903/filters:fill(white):format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F8bf%2F01e%2F389%2F8bf01e3898f40d1687054001d8609990.jpg" data-original="https://images.ecestaticos.com/DHbl8WrHD-cWbe1vt5zgP5u3Mk4=/0x0:2223x1501/1338x903/filters:fill(white):format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F8bf%2F01e%2F389%2F8bf01e3898f40d1687054001d8609990.jpg" alt="Exterior de un piso turístico en el centro de Madrid (Jesús Hellín/Europa Press)" width="1338" height="903"> Exterior de un piso turístico en el centro de Madrid (Jesús Hellín/Europa Press) </div><p>La Consejería eleva así a <strong>al menos seis millones de euros</strong> el coste directo soportado por propietarios andaluces por la implantación del registro estatal. A esa cantidad añade otros <strong>dos millones de euros</strong> asociados a operaciones vinculadas a la inscripción estatal, entre ellas obligaciones exigidas en el procedimiento registral que, según la Junta, no eran necesarias en el <strong>Registro de Turismo de Andalucía</strong>.</p><p>La derivada más sensible está en las unidades que no habrían podido acceder al registro estatal pese a estar inscritas en el registro autonómico y cumplir, según Turismo, las condiciones exigidas para ejercer la actividad. La Junta cifra ese grupo en <strong>21.856 alojamientos</strong>. El Ejecutivo regional subraya además que el impacto no recae mayoritariamente sobre grandes operadores. Según los datos que maneja la Consejería, el <strong>89% de los propietarios de viviendas de uso turístico en Andalucía son particulares</strong>, frente a una presencia mucho menor de sociedades o titulares profesionales. Ese perfil resulta relevante para el Gobierno andaluz a la hora de plantear eventuales reclamaciones por los costes asumidos durante la aplicación obligatoria del registro estatal.</p><p>Con todas las cautelas, y tomando como referencia el precio medio diario y la ocupación media anual registrada en Andalucía desde que fue obligatorio disponer del número estatal para poder comercializar las viviendas, el departamento estima un <strong>lucro cesante potencial cercano a los 500 millones de euros de facturación bruta no realizada</strong>.</p><p>La propia Consejería admite que este último dato debe manejarse con prudencia, porque no permite determinar cuántos alojamientos siguieron operando pese a no obtener el registro estatal ni cuántos dejaron efectivamente de comercializarse por esa limitación. Por eso, el dato no se presenta como una pérdida acreditada expediente por expediente, sino como una <strong>estimación de facturación potencial afectada</strong>.</p><p></p><div class="articlephoto news-width-text"><img class="eclazy news-img-def " src="https://images.ecestaticos.com/k3CN4C2I2-u2Af15dwF86QJpYEE=/5x7:2271x1877/1338x1104/filters:fill(white):format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F30a%2F1a6%2F545%2F30a1a65457ce6f5dd8ed012fb2b6e067.jpg" alt="El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal. (Francisco J. Olmo/Europa Press)" width="1338" height="1104"><img class="news-img-def " data-src="https://images.ecestaticos.com/k3CN4C2I2-u2Af15dwF86QJpYEE=/5x7:2271x1877/1338x1104/filters:fill(white):format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F30a%2F1a6%2F545%2F30a1a65457ce6f5dd8ed012fb2b6e067.jpg" data-original="https://images.ecestaticos.com/k3CN4C2I2-u2Af15dwF86QJpYEE=/5x7:2271x1877/1338x1104/filters:fill(white):format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F30a%2F1a6%2F545%2F30a1a65457ce6f5dd8ed012fb2b6e067.jpg" alt="El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal. (Francisco J. Olmo/Europa Press)" width="1338" height="1104"> El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal. (Francisco J. Olmo/Europa Press) </div><p>La Junta intenta ahora convertir la sentencia del Supremo en una <strong>respuesta autonómica coordinada</strong> frente al Gobierno central. El consejero andaluz de Turismo y Andalucía Exterior, <strong>Arturo Bernal</strong>, ha remitido este viernes una comunicación a los ministros competentes y al resto de comunidades autónomas para exigir conjuntamente la convocatoria <strong>extraordinaria y urgente</strong> de las conferencias sectoriales de <strong>Turismo y Vivienda</strong>. La Junta quiere que el Gobierno reúna a las autonomías para aclarar las consecuencias del fallo, ordenar el escenario jurídico que queda abierto tras la anulación del registro único y abordar tanto la situación de los <strong>expedientes ya tramitados</strong> como las posibles reclamaciones por los <strong>costes asumidos</strong> por propietarios, plataformas y administraciones.</p><p>El consejero sostiene que las comunidades autónomas ya advirtieron al Gobierno central del <strong>caos jurídico y administrativo</strong> que podía provocar la creación de un registro nacional superpuesto a los registros autonómicos existentes. Según la Junta, esas advertencias no fueron atendidas y el resultado es ahora una sentencia del Supremo que anula la pieza central del sistema cuando ya llevaba meses de <strong>aplicación obligatoria</strong>.</p><p>El registro estatal nació a finales de 2024, en plena ofensiva del Gobierno para ordenar el mercado de los <strong>alquileres turísticos y de temporada</strong>. El Consejo de Ministros aprobó el <strong>Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre</strong>, por el que se regulaba el procedimiento del Registro Único de Arrendamientos y se creaba la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. La norma entró en vigor el <strong>2 de enero de 2025</strong>, aunque su aplicación obligatoria se aplazó hasta el <strong>1 de julio</strong> de ese año, con un periodo transitorio de seis meses para que propietarios, plataformas y administraciones se adaptaran al nuevo sistema.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2025-10-23/las-ccaa-turisticas-se-rebelan-en-sevilla-contra-la-politica-del-gobierno-en-este-sector_4233480/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/bd2/668/bd2668aedf4283f79d29e06054e2d2cd/las-ccaa-turisticas-se-rebelan-en-sevilla-contra-la-politica-del-gobierno-en-este-sector.jpg?mtime=1761206693" width="483" height="271"><h3 class="title-related">Las CCAA turísticas se rebelan en Sevilla contra la política del Gobierno en este sector</h3>José Luis Losa<div class="text-related">Doce regiones que suponen el 75% de la industria critican su falta de diálogo y denuncian que criminaliza al turismo en lugar de subrayar la riqueza que aporta a la economía nacional</div></a></p><p>La idea del Ejecutivo central era que cada inmueble destinado al alquiler de corta duración contara con un <strong>número de registro único</strong> para poder anunciarse legalmente en plataformas digitales. Sin ese identificador, quedaba fuera del circuito regular. Pero el diseño chocó desde el principio con varias comunidades autónomas, que ya disponían de sus propios registros y vieron en la norma estatal una <strong>invasión de sus competencias</strong>.</p><p>La Junta sostiene además que existía una vía distinta para cumplir con las exigencias europeas sin crear un registro estatal paralelo. Según la versión del consejero, varias comunidades autónomas plantearon que aquellas que ya tenían sus registros digitalizados pudieran incorporar simplemente un <strong>código nacional</strong> a cada alojamiento inscrito, de forma que el Estado recibiera la información necesaria sin duplicar trámites ni desplazar la competencia autonómica.</p><p>Ese esquema, según Bernal, iba a articularse a través de <strong>SEGITTUR</strong>, la <a href="https://www.segittur.es/" target="_blank">Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas</a>, dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo y especializada en proyectos de digitalización e innovación turística. La crítica de fondo de la Junta es que el Gobierno optó finalmente por un <strong>registro nacional gestionado al margen de los sistemas autonómicos</strong>, cuando —según las comunidades— bastaba con interoperar los registros regionales y asignar un identificador común.</p><p><strong>Lucha contra los pisos ilegales</strong></p><p>La Junta intenta además separar dos planos: su rechazo al registro estatal y su propia ofensiva contra la oferta ilegal. La Consejería de Turismo defiende que Andalucía ya dispone de instrumentos para ordenar el sector y subraya que, solo entre enero y el <strong>18 de mayo de 2026</strong>, ha cancelado <strong>2.673 viviendas de uso turístico</strong> inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía. En 2024 fueron <strong>5.808</strong> y en 2025, <strong>6.860</strong>, de modo que desde comienzos de 2024 se han dado de baja más de <strong>15.300 viviendas</strong>.</p><p>Por provincias, <strong>Málaga</strong> concentra el mayor volumen de cancelaciones en lo que va de año, con <strong>931 viviendas</strong>, seguida de Cádiz, con <strong>467</strong>; Granada, con <strong>333</strong>; Almería, con <strong>310</strong>; Sevilla, con <strong>237</strong>; Huelva, con <strong>230</strong>; Córdoba, con <strong>125</strong>; y Jaén, con <strong>40</strong>. En las capitales, <strong>Sevilla</strong> encabeza las bajas, con <strong>172</strong>, por delante de Granada, con <strong>155</strong>; Málaga, con <strong>114</strong>; Córdoba, con <strong>106</strong>; Almería, con <strong>83</strong>; Cádiz, con <strong>15</strong>; Jaén, con <strong>11</strong>; y Huelva, con <strong>8</strong>.</p><p>La Junta vincula estos datos al nuevo marco normativo aprobado desde 2024. El <strong>Decreto 31/2024</strong> clarificó la capacidad de los ayuntamientos para fijar límites proporcionados al número de alojamientos por edificio, zona o periodo, mientras que el <strong>Decreto ley 1/2025</strong>, impulsado junto a la Consejería de Fomento, reforzó la posibilidad de que los municipios ajusten esta actividad a su modelo urbano. Además, Turismo ha activado un sistema que impide la <strong>inscripción automática</strong> en municipios con limitaciones urbanísticas, como <strong>Sevilla, Málaga, Cádiz y El Puerto de Santa María</strong>.</p><p></p><div class="articlephoto news-width-text"><img class="eclazy news-img-def " src="https://images.ecestaticos.com/298DZ_irI79QcViP8zTowV7J7Vs=/0x5:2272x1514/1338x888/filters:fill(white):format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fa4d%2F3c4%2F097%2Fa4d3c40974e8f0cdfd0e147239c4ce03.jpg" alt="Detalle de una caja de seguridad para llaves en una vivienda en el barrio granadino del Albaicín (EFE María Ruiz)" width="1338" height="888"><img class="news-img-def " data-src="https://images.ecestaticos.com/298DZ_irI79QcViP8zTowV7J7Vs=/0x5:2272x1514/1338x888/filters:fill(white):format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fa4d%2F3c4%2F097%2Fa4d3c40974e8f0cdfd0e147239c4ce03.jpg" data-original="https://images.ecestaticos.com/298DZ_irI79QcViP8zTowV7J7Vs=/0x5:2272x1514/1338x888/filters:fill(white):format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fa4d%2F3c4%2F097%2Fa4d3c40974e8f0cdfd0e147239c4ce03.jpg" alt="Detalle de una caja de seguridad para llaves en una vivienda en el barrio granadino del Albaicín (EFE María Ruiz)" width="1338" height="888"> Detalle de una caja de seguridad para llaves en una vivienda en el barrio granadino del Albaicín (EFE María Ruiz) </div><p>Andalucía quiere presentarse como una comunidad que combate la oferta irregular y ordena el mercado, pero desde sus propias competencias. La Consejería ha reforzado la cooperación con plataformas como <strong>Airbnb</strong> y <strong>Booking</strong>, ha habilitado canales ágiles de notificación y puntos de contacto oficiales y ha puesto en marcha el grupo <strong>Titán</strong> de la Policía Nacional Adscrita, especializado en control, inspección e inteligencia turística en coordinación con la inspección autonómica.</p><p>El Gobierno central, por su parte, intenta limitar el alcance político del revés judicial. El <strong><a href="https://www.mivau.gob.es/" target="_blank">Ministerio de Vivienda</a></strong> subraya que el Supremo ha avalado la ventanilla única digital, las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas y el uso estadístico de esa información, aunque haya anulado el registro único estatal. Vivienda defiende que esa herramienta ha permitido detectar más de <strong>111.000 contratos irregulares</strong> desde su puesta en marcha y sostiene que, una vez tumbado el registro estatal, corresponde ahora a las comunidades autónomas intensificar la vigilancia, la inspección y las sanciones sobre los <strong>alojamientos ilegales</strong>.</p><p>La lectura del Gobierno choca con la de Andalucía. Mientras el Ministerio reivindica que la ventanilla digital sigue viva y que el control corresponde ahora a las autonomías, la Junta replica que precisamente las comunidades ya habían advertido del caos que podía provocar un <strong>registro nacional superpuesto</strong> a sus propios sistemas. El Ejecutivo andaluz sostiene que no rechaza el control de la oferta irregular —de hecho, presume de haber cancelado más de <strong>15.300 viviendas</strong> desde 2024—, sino la <strong>duplicidad administrativa</strong> y la invasión competencial corregida ahora por el Supremo.</p><img src="https://sb.scorecardresearch.com/b?c1=2&c2=7215267&ns__t=1779681487&ns_c=UTF-8&c8=Espa%C3%B1a&c7=https%3A%2F%2Frss.elconfidencial.com%2Fespana%2F&c9=https%3A%2F%2Fwww.elconfidencial.com%2F" width="1" height="1">
